La posesión presidencial de Abelardo De La Espriella para el periodo 2026-2030 dejó anuncios sobre fracking, aspersión aérea, impuesto al patrimonio, negociación con grupos criminales y una eventual revisión de la JEP, decisiones que ya generan críticas desde sectores de oposición.
La llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030 estuvo acompañada de anuncios que anticipan cambios en varias políticas del Estado y que ya provocan reacciones entre sectores políticos y sociales.
Uno de los principales anuncios corresponde a la intención del nuevo Gobierno de impulsar el fracking para la exploración y explotación no convencional de hidrocarburos, una propuesta que vuelve a generar debate nacional por sus posibles impactos ambientales y sobre las fuentes hídricas.
En materia de lucha contra los cultivos ilícitos, el nuevo mandatario también planteó el regreso de la aspersión aérea, aunque con sustancias diferentes al glifosato. La propuesta abre nuevamente la discusión sobre los efectos ambientales y sanitarios de esta estrategia de erradicación.
Otro de los anuncios se relaciona con la política tributaria, específicamente con la eliminación del impuesto al patrimonio. La medida beneficiaría a los contribuyentes con grandes fortunas que actualmente están sujetos a este gravamen, convirtiéndose en uno de los puntos económicos más controvertidos del nuevo Gobierno.
En seguridad y paz, De La Espriella anunció que próximamente será publicada una lista de organizaciones criminales con las cuales su administración no estaría dispuesta a negociar. La decisión marcaría una posición más definida frente a los grupos armados y estructuras delincuenciales.
También generó debate el anuncio de una eventual revisión del funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Desde sectores críticos se interpreta esta propuesta como una posible amenaza a la continuidad o alcance del tribunal, mientras sus defensores consideran fundamental preservar los mecanismos de verdad, justicia y reparación para las víctimas.
Los anuncios ya provocan una reacción política desde la oposición, que plantea una agenda de movilización alrededor de asuntos como la defensa del ambiente, una política tributaria considerada más equitativa, la paz y los derechos de las víctimas del conflicto armado.
El nuevo escenario también abre una discusión sobre la orientación política del Gobierno, particularmente frente a asuntos de justicia social, reducción de desigualdades, representación territorial y composición del gabinete. Sectores opositores consideran que el país entra en una etapa marcada por una orientación económica y política de derecha.
Finalmente, las primeras decisiones anunciadas por De La Espriella anticipan un periodo de fuertes debates sobre seguridad, economía, ambiente y paz. Mientras el Gobierno comienza a definir su hoja de ruta, la oposición prepara sus argumentos y escenarios de movilización frente a las reformas y políticas que marcarán los próximos cuatro años.
