La entidad disciplinaria cargó contra Consuelo Avilés Aldana y dos servidores por presuntas anomalías en la elección del secretario de Desarrollo Social en Tolima, alegando falta de idoneidad y certificaciones erróneas que violan la normativa vigente.
La Procuraduría General inició un proceso disciplinario contra la alcaldesa de Suárez, Tolima, Consuelo Avilés Aldana, por irregularidades en un nombramiento clave. Esto ocurrió en su periodo de gobierno 2024-2027, específicamente con el secretario de Desarrollo Social. El ente acusa a la mandataria de ignorar requisitos legales para el cargo. Cristian Camilo Suárez Briñez fue designado sin experiencia en áreas requeridas como salud o trabajo social. Su perfil como contador público no se alinea con las funciones sociales del puesto. Esta acción podría afectar la gestión municipal y generar sanciones.
El Ministerio Público detalla que el cargo exigía competencias en educación, psicología o administración pública. Sin embargo, el funcionario solo presentó credenciales en contaduría sin trayectoria relevante. Avilés Aldana es señalada por permitir esta posesión irregular. La calificación es de falta grave con culpa gravísima para ella. Esto implica riesgos de suspensión o remoción del cargo si se prueba. El caso subraya la necesidad de transparencia en administraciones locales.
También se involucró al secretario general, José Olimpo Suárez, en la investigación. Se le reprocha haber certificado falsamente los requisitos del nombrado. Esta validación inconsistente facilitó el error administrativo. Su conducta se cataloga como falta grave a título de culpa gravísima. Podría enfrentar consecuencias similares a la alcaldesa. La Procuraduría busca responsabilidades compartidas en el equipo directivo.
El secretario de Desarrollo Social, Cristian Camilo Suárez Briñez, no escapa a los cargos. Su aceptación del puesto sin aptitudes idóneas lo expone a una falta grave con culpa grave. La normativa enfatiza perfiles especializados para roles de bienestar comunitario. Su formación limitada podría invalidar actos oficiales durante su tenure. Esto resalta fallos en la verificación interna del municipio. El proceso evaluará su rol en la irregularidad cometida.
El expediente pasa ahora a la etapa de juzgamiento disciplinario para decisiones finales. Allí, los implicados podrán presentar defensas y pruebas en su favor. La Procuraduría aims a disuadir prácticas similares en otros entes territoriales. En Suárez, esto podría impactar la confianza pública en la alcaldía. Sanciones posibles incluyen multas o inhabilitaciones temporales. El caso promueve mayor rigor en nombramientos públicos.
Finalmente, esta acción de la Procuraduría fortalece el escrutinio sobre gobiernos regionales en Colombia. Avilés Aldana y sus colaboradores enfrentan un escrutinio detallado. El ente insta al cumplimiento estricto de leyes en designaciones. Este incidente podría inspirar auditorías en municipios similares. La resolución es esperada para restaurar la integridad administrativa.
Tolima observa de cerca el desarrollo de este proceso.
