La jueza Sandra Liliana Heredia impuso a Uribe Vélez 144 meses de cárcel por soborno en actuación penal y fraude procesal, más multa de 2.420 salarios mínimos y 100 meses de inhabilitación. Podrá cumplir la pena en casa bajo estrictas condiciones.
Este viernes 1 de agosto, la jueza Sandra Liliana Heredia del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá dictó sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, imponiéndole la máxima pena legal de 144 meses (12 años) de prisión por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal.
La decisión también contempla una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer cargos y funciones públicas por 100 meses y 20 días, en calidad de determinador responsable de ambas conductas criminales.
Sin embargo, la jueza concedió a Uribe el beneficio del subrogado penal de prisión domiciliaria, tal como lo permite el artículo 38B de la Ley 599 de 2000 (adicionado por la Ley 1709 de 2014), imponiéndole la obligación de constituir caución o póliza judicial por cuatro salarios mínimos para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.
El fallo detalla que la conducta de soborno en la actuación penal consistió en influir indebidamente sobre testigos para desvirtuar acusaciones en su contra, mientras que el fraude procesal se configuró al manipular el curso de la investigación judicial a través de testimonios adulterados.
El exmandatario, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, ahora deberá ajustar su rutina de arresto domiciliario a las estrictas condiciones de vigilancia electrónica y reportes periódicos ante la autoridad judicial, bajo riesgo de revocarse el beneficio y ordenar su traslado en centro penitenciario.
La condena históricamente marca la primera aplicación de sanción privativa de libertad contra un expresidente por delitos relacionados con la manipulación de la justicia. Expertos señalan que el fallo refuerza la independencia judicial y la responsabilidad de altos funcionarios ante la ley.
Tanto la Fiscalía General como la defensa de Uribe tienen habilitados los recursos ordinarios y extraordinarios para impugnar la sentencia. La defensa ya anunció la presentación de apelaciones ante el Tribunal Superior de Bogotá en el plazo legal de cinco días.
El fallo ha generado un intenso debate político y mediático. Sectores de víctimas celebran la decisión como un avance en la lucha contra la impunidad, mientras seguidores del expresidente denuncian un supuesto sesgo judicial. La vista de la apelación será clave para definir el destino final de esta condena histórica.
