Publicado Nov 21, 2026

«Bandido y ladrón»: concejal desata escándalo por acusaciones contra alcalde

El cabildante rechazó los señalamientos que, según denunció, hizo el mandatario Luis Ángel Gutiérrez sobre su hijo, una de las víctimas del doble homicidio ocurrido en el municipio. Además, denunció presuntos episodios de intimidación, lanzó fuertes acusaciones contra el alcalde y exigió respeto por la memoria de su familia.

La conmoción por el asesinato de dos adolescentes en Carmen de Apicalá, Tolima, desencadenó una fuerte confrontación pública entre el concejal Fredy Barrios y el alcalde municipal, Luis Ángel Gutiérrez. El enfrentamiento se hizo visible luego de que el cabildante difundiera un video en redes sociales, en el que cuestionó las declaraciones del mandatario sobre su hijo, quien perdió la vida durante el ataque armado registrado el jueves 19 de noviembre.

La controversia se originó después de una rueda de prensa del alcalde, en la que, según denunció Barrios, habría utilizado una fotografía de su hijo y hecho referencias a posibles vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico, el consumo de sustancias psicoactivas y estructuras delincuenciales que operarían en la localidad. El concejal consideró inapropiadas estas manifestaciones, especialmente porque, según expresó, su familia todavía atravesaba el proceso de recuperación del cuerpo del joven y desconocía quiénes estaban detrás del homicidio.

Visiblemente indignado, el cabildante manifestó que las declaraciones del mandatario representaban una nueva afectación para sus familiares, quienes enfrentan el dolor de perder a uno de sus integrantes en circunstancias violentas. Barrios cuestionó que se realizaran señalamientos sobre la conducta de su hijo sin que, según su postura, existieran resultados concluyentes de las investigaciones judiciales que permitieran establecer las circunstancias y los móviles del crimen.

El pronunciamiento también estuvo acompañado de fuertes expresiones contra el alcalde, a quien responsabilizó públicamente de irrespetar la memoria de su hijo. Durante la grabación, el concejal utilizó insultos y calificativos ofensivos contra el mandatario, dejando en evidencia el nivel de confrontación que atraviesa la relación entre ambos funcionarios. Sus declaraciones rápidamente generaron reacciones en redes sociales y trasladaron la discusión sobre el doble homicidio al escenario político municipal.

Otro de los aspectos más delicados de la denuncia estuvo relacionado con un supuesto episodio ocurrido en el despacho de la Alcaldía. Barrios aseguró que, en una ocasión, el mandatario habría llegado acompañado de más de 20 integrantes de su esquema de seguridad y que, durante ese encuentro, habría intentado intimidarlo e incluso atentar contra su integridad. El concejal emplazó públicamente a Gutiérrez para que se pronunciara sobre lo sucedido, aunque hasta el momento no se conocen elementos independientes que permitan corroborar su versión.

En medio de la controversia, Barrios también defendió la reputación de su núcleo familiar y aseguró que no permitirá que se hagan señalamientos que afecten la dignidad de sus integrantes. El cabildante manifestó que no teme las posibles consecuencias legales derivadas de sus declaraciones, pues considera que su pronunciamiento responde a la necesidad de defender la memoria de su hijo y exigir respeto en medio de la tragedia. Incluso calificó a su familia como una familia de bien y lanzó acusaciones contra el alcalde, a quien señaló de presuntas conductas delictivas, sin aportar pruebas públicas que las sustenta.

Por su parte, el alcalde Luis Ángel Gutiérrez también se había pronunciado sobre los hechos violentos y sostuvo que las autoridades estaban adelantando las investigaciones correspondientes. En una grabación conocida públicamente, el mandatario hizo referencia a una posible relación del caso con el microtráfico, utilizando el término «presuntamente» y señalando que se trataba de información que había escuchado. Posteriormente, indicó que el homicidio del hijo del concejal correspondía a un hecho diferente de otros episodios violentos registrados en el municipio y que, según la información disponible, el joven no tenía antecedentes ni pertenecía a los grupos delincuenciales mencionados.

El doble homicidio ocurrió durante la noche del jueves 19 de noviembre, cuando dos adolescentes fueron atacados con arma de fuego por sujetos que se movilizaban en motocicleta. Las víctimas fueron identificadas como Santiago Barrios, hijo del concejal Fredy Barrios, y Juan Meneses. De acuerdo con los reportes preliminares, uno de los jóvenes falleció en el lugar del ataque, mientras que el otro fue trasladado a un centro asistencial de Girardot, donde posteriormente murió debido a la gravedad de sus heridas. Un tercer joven también habría resultado lesionado durante el episodio.

Frente a la gravedad de la situación, la Administración Municipal anunció medidas extraordinarias durante un consejo de seguridad realizado el viernes 20 de noviembre. Entre las acciones se encuentra una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables, además del despliegue de unidades especializadas de la SIJIN, el acompañamiento del Ejército Nacional y operativos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES). Asimismo, se anunció la participación de investigadores especializados de la Fiscalía para avanzar en el esclarecimiento del doble homicidio y otros hechos violentos registrados recientemente.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, también rechazó el asesinato de los dos adolescentes y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, particularmente con el concejal Fredy Barrios. La mandataria departamental pidió celeridad en las investigaciones, la identificación de los responsables y su judicialización. Entretanto, la controversia entre el concejal y el alcalde plantea nuevos interrogantes sobre la manera en que las autoridades deben comunicar información relacionada con investigaciones criminales, especialmente cuando existen víctimas menores de edad y familiares que atraviesan situaciones de profundo dolor.

De esta manera, Carmen de Apicalá enfrenta dos situaciones que mantienen la atención pública sobre el municipio: por un lado, el esclarecimiento del asesinato de los dos adolescentes y las garantías de seguridad para sus habitantes; por otro, la confrontación entre dos representantes de la institucionalidad local, cuyas declaraciones han elevado la tensión política y social. Mientras avanzan las investigaciones, será fundamental que las autoridades competentes establezcan la veracidad de las denuncias, determinen los móviles del doble homicidio y garanticen el respeto por la memoria de las víctimas y los derechos de sus familias.

ElCorrillo.Co

Profesional en comunicación social