Comunidades campesinas y ambientales de Cajamarca y Anaime se movilizaron nuevamente en la capital del país para exigir al Ministerio de Ambiente que cumpla los acuerdos pactados en 2025. Denuncian incumplimientos frente a la consulta popular, la protección del territorio y los procesos asociados a proyectos mineros.
Las comunidades campesinas y organizaciones ambientales de Cajamarca y del corregimiento de Anaime regresaron a Bogotá para exigirle al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 2025. Por segundo año consecutivo, los manifestantes se tomaron las calles de la capital denunciando que los acuerdos firmados no han pasado del discurso a los hechos. Señalan que, pese a múltiples mesas de trabajo, no existen avances reales para el territorio. La movilización busca llamar la atención del Gobierno Nacional. Las comunidades reclaman respuestas concretas. Afirman sentirse ignoradas por la institucionalidad. La protesta se desarrolló de manera pacífica.
Durante la jornada, el Comité Ambiental y Campesino reiteró la necesidad de avanzar en la consulta popular en Cajamarca. Este mecanismo es considerado clave para que la ciudadanía decida democráticamente sobre el modelo de desarrollo del municipio. Según los voceros, el Gobierno ha dilatado este proceso sin argumentos claros. La consulta es vista como una herramienta de participación legítima. Las comunidades insisten en que su voz debe ser respetada. Señalan que no se oponen al desarrollo. Defienden un desarrollo acorde con la vocación agrícola. Recalcan que la decisión debe estar en manos del pueblo.
Uno de los puntos centrales de la movilización fue la exigencia de que predios vinculados a proyectos mineros regresen a manos campesinas. Las organizaciones consideran que estas tierras deben destinarse a la producción agrícola y a la soberanía alimentaria. Aseguran que la acumulación de predios para minería ha generado afectaciones sociales. También denuncian impactos económicos para las familias rurales. El retorno de la tierra es visto como una reparación histórica. Las comunidades reclaman garantías para permanecer en el territorio. Afirman que la tierra es su principal sustento. Sin ella, dicen, no hay futuro campesino.
Los manifestantes también alertaron sobre presuntos incumplimientos en materia de control ambiental. Denuncian que el proyecto minero La Colosa continúa con permisos y trámites vigentes. Según las organizaciones, esto contradice los compromisos asumidos por el Estado. Aseguran que no se han resuelto de fondo los procesos sancionatorios. Señalan presuntas irregularidades ambientales en la zona. La falta de decisiones claras genera desconfianza. Las comunidades exigen transparencia institucional. También piden rigor técnico. Insisten en que el territorio debe ser protegido.
Las organizaciones sociales señalaron que Cajamarca es una despensa hídrica fundamental para el Tolima. Destacan su importancia en la producción de alimentos y en la protección de fuentes de agua. Afirman que la minería representa un riesgo para estos ecosistemas estratégicos. El agua es considerada un bien común. Las comunidades recalcan que su defensa no es negociable. Señalan que el impacto ambiental sería irreversible. Insisten en priorizar la vida y el ambiente. Cajamarca, dicen, no es zona minera. Es un territorio agrícola.
Durante la movilización, los líderes comunitarios cuestionaron la falta de voluntad política del Gobierno Nacional. Aseguran que los anuncios oficiales no se reflejan en acciones concretas. Denuncian que las respuestas institucionales han sido insuficientes. La protesta busca presionar el cumplimiento de lo pactado. Las comunidades consideran que la movilización es su única alternativa. Afirman que han agotado las vías del diálogo. Reiteran que no buscan confrontación. Exigen respeto por sus decisiones. Piden coherencia entre discurso y acción.
Las comunidades recordaron que en 2025 ya se habían movilizado por las mismas razones. Señalan que la repetición de las protestas evidencia el incumplimiento estatal. La persistencia del conflicto refleja una deuda histórica con el territorio. Los manifestantes aseguran que no desistirán de su lucha. La defensa del territorio es una causa colectiva. La movilización se ha convertido en un símbolo de resistencia. Cajamarca mantiene su postura firme. La organización social sigue creciendo. La exigencia es clara y sostenida.
Finalmente, los voceros comunitarios advirtieron que continuarán movilizándose hasta obtener respuestas concretas. Insisten en que el Gobierno debe honrar los acuerdos firmados. La defensa del territorio, el agua y la agricultura seguirá siendo prioridad. Las comunidades esperan que esta nueva movilización genere resultados. Advierten que no se trata de una protesta aislada. Es una lucha por el futuro del municipio. Cajamarca seguirá en resistencia. La decisión popular debe respetarse. El cumplimiento de los acuerdos es inaplazable.
