Julio Roberto Vargas Malagón, exalcalde de Cajamarca y actual aspirante a la Cámara de Representantes por el Partido de La U, fue citado por un juzgado de Ibagué a una audiencia preparatoria dentro de un proceso penal por el delito de peculado por apropiación.
Mientras avanza en su recorrido político por distintos municipios del Tolima en busca de respaldo electoral, Julio Roberto Vargas Malagón deberá atender un proceso judicial en su contra. El exmandatario local y hoy candidato a la Cámara de Representantes enfrenta una citación formal de la justicia penal por hechos ocurridos durante su gestión pública.
De acuerdo con un oficio oficial del Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagué, fechado el 18 de noviembre de 2025, Vargas Malagón fue convocado a una audiencia preparatoria dentro de un proceso que se adelanta por el delito de peculado por apropiación. El documento lo identifica de manera expresa como imputado.
La diligencia judicial fue programada para el próximo 30 de enero de 2026 a las 8:00 de la mañana y se realizará de manera virtual. El proceso cuenta con número de radicación y se encuentra en una etapa clave, previa al eventual juicio, lo que confirma que no se trata de una actuación preliminar ni de una indagación informal.
El delito de peculado por apropiación está relacionado con la presunta utilización indebida de recursos públicos por parte de un funcionario. En este caso, la investigación busca establecer si durante la administración de Vargas Malagón como alcalde de Cajamarca se habría producido una apropiación irregular de dineros del Estado.
La existencia de esta citación judicial adquiere especial relevancia en el actual contexto electoral, en el que el candidato solicita el respaldo ciudadano para ocupar una curul en el Congreso de la República. El contraste entre el discurso político y la realidad judicial ha generado cuestionamientos en distintos sectores.
Desde el ámbito jurídico se recuerda que el proceso se encuentra en curso y que Vargas Malagón goza del derecho constitucional a la presunción de inocencia. No obstante, también se subraya que las actuaciones judiciales son públicas y hacen parte de la información que la ciudadanía puede conocer.
En un país marcado por múltiples escándalos de corrupción, la transparencia se convierte en un elemento central del debate democrático. La divulgación de procesos judiciales en curso contra aspirantes a cargos de elección popular es vista por analistas como un ejercicio legítimo de control ciudadano.
Con la audiencia fijada y el proceso avanzando en los estrados judiciales, el futuro político del candidato quedará inevitablemente ligado al desarrollo de este caso. La justicia tendrá la tarea de determinar responsabilidades, mientras que los electores decidirán en las urnas a quién confían su representación.
