La justicia sentenció a 10 años de prisión a dos exfuncionarios del Hospital Federico Lleras Acosta por comprometer recursos públicos sin respaldo legal en contratos firmados entre 2009 y 2011.
Un contundente fallo judicial se produjo en Ibagué contra dos exdirectivos del Hospital Federico Lleras Acosta, luego de que un juez determinara su responsabilidad en graves irregularidades contractuales que comprometieron recursos públicos sin cumplir los requisitos legales. La decisión representa uno de los casos más relevantes de control judicial sobre la gestión administrativa en el sector salud del Tolima.
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué condenó a 10 años de prisión al exgerente del hospital, Iván David Hernández Guzmán, y al excoordinador de la Unidad de Cuidado Crítico, Hernán Moreno Herrán. Los hechos por los que fueron hallados culpables se relacionan con la suscripción de contratos irregulares durante el periodo comprendido entre los años 2009 y 2011.
Además de la pena privativa de la libertad, el fallo judicial impuso a los exfuncionarios una multa equivalente a 133 salarios mínimos legales vigentes. De igual manera, ambos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos por el mismo término de la condena, como medida para proteger la administración pública.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, los condenados autorizaron y ejecutaron contratos que comprometían recursos de vigencias futuras sin contar con el soporte presupuestal ni con los permisos exigidos por la normatividad vigente. Esta actuación vulneró principios fundamentales de la contratación estatal.
El proceso tuvo origen en el contrato 271 de 2009, firmado por un valor inicial de 208 millones de pesos, cuyo objeto era la dotación de equipos para la Unidad de Cuidados Críticos del hospital. El contrato fue presentado como un arrendamiento con opción de compra a cinco años, figura que terminó siendo cuestionada por los entes de control.
Posteriormente, entre los años 2010 y 2011, el contrato fue objeto de dos adiciones que elevaron su valor por encima de los 2.600 millones de pesos. Las adiciones se firmaron con la misma empresa y bajo el mismo objeto contractual, lo que evidenció que desde el inicio se trataba de una contratación a largo plazo sin los procedimientos legales correspondientes.
La Fiscalía también demostró que los contratos se realizaron de manera directa, sin adelantar procesos de licitación pública, pese a que la cuantía superaba ampliamente los topes establecidos por la ley. A esto se sumó un conflicto de intereses, ya que el estudio de conveniencia fue elaborado por Moreno Herrán, quien posteriormente actuó como supervisor del contrato.
Aunque la defensa de los exfuncionarios interpuso recursos de apelación contra la sentencia, el juez ordenó su captura, la cual se hará efectiva una vez el fallo quede en firme. El caso deja en evidencia las graves consecuencias que puede generar el manejo irregular de recursos públicos en una de las instituciones de salud más importantes del departamento.
