La Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, al revocar la medida de aseguramiento impuesta dentro del proceso por el caso UNGRD. La decisión no pone fin a la investigación y el Tribunal Superior de Bogotá deberá emitir un nuevo pronunciamiento sobre su situación jurídica.
La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la medida de aseguramiento que mantenía privado de la libertad al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dentro del proceso judicial relacionado con el escándalo de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Con esta decisión, el alto tribunal ordenó su libertad y dispuso que el caso continúe bajo una nueva evaluación judicial. La determinación representa un cambio importante en el desarrollo del expediente. Sin embargo, el proceso penal sigue su curso. La investigación permanece vigente. Las autoridades continuarán adelantando las actuaciones correspondientes.
En su decisión, la Corte Suprema revocó las providencias emitidas en diciembre de 2025 y abril de 2026, mediante las cuales se había ordenado la permanencia de Velasco en prisión preventiva. El alto tribunal concluyó que dichas determinaciones debían quedar sin efectos mientras se realiza un nuevo análisis sobre la situación jurídica del exfuncionario. La medida modifica el escenario procesal del caso. No constituye una absolución. Tampoco implica el cierre de la investigación. El expediente continuará en trámite.
Como parte del fallo, la Corte ordenó al Tribunal Superior de Bogotá emitir una nueva decisión respecto a la situación jurídica de Luis Fernando Velasco. El objetivo es que la autoridad competente reevalúe el expediente con base en los criterios establecidos por el alto tribunal. La actuación deberá surtirse conforme a las garantías procesales. También respetando el debido proceso. La nueva determinación será clave para el avance del caso. El proceso permanece bajo conocimiento de la jurisdicción competente.
La magistrada Aura Rosero fue designada para expedir las órdenes necesarias que permitan materializar la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia. Entre las actuaciones correspondientes se encuentra la emisión de la orden de libertad del exministro. El procedimiento deberá adelantarse de manera inmediata. Así lo dispuso el alto tribunal. La ejecución del fallo corresponde a las autoridades judiciales competentes. El trámite seguirá los procedimientos establecidos por la ley.
Por su parte, el magistrado ponente Hugo Quintero solicitó agilizar la notificación de la providencia, teniendo en cuenta que la decisión incluye una orden de libertad. La Corte consideró necesario imprimir celeridad al cumplimiento del fallo para garantizar la eficacia de la determinación judicial. Las autoridades deberán adelantar las comunicaciones correspondientes. El cumplimiento será inmediato. La decisión tiene efectos procesales desde su notificación. El caso continuará bajo supervisión judicial.
La Corte Suprema aclaró expresamente que la revocatoria de la medida de aseguramiento no significa el archivo del proceso ni una decisión definitiva sobre la responsabilidad del exministro. El expediente relacionado con el caso UNGRD continúa abierto y será objeto de nuevas actuaciones judiciales. Las investigaciones seguirán su curso. La valoración de las pruebas continuará. El proceso conserva plena vigencia. Las autoridades deberán resolver las etapas pendientes conforme a la ley.
El caso de la UNGRD se ha convertido en uno de los procesos de mayor impacto en el país debido a las investigaciones sobre el presunto uso irregular de recursos públicos destinados a la atención de emergencias. En este contexto, las decisiones adoptadas por la Corte Suprema hacen parte del control judicial sobre las medidas restrictivas de la libertad. La investigación involucra a varios exfuncionarios. Las autoridades continúan recopilando elementos probatorios. El proceso sigue en desarrollo.
Con esta decisión, Luis Fernando Velasco recuperará su libertad mientras el Tribunal Superior de Bogotá adopta un nuevo pronunciamiento sobre su situación jurídica dentro del proceso. Entre tanto, la investigación continuará avanzando conforme al calendario judicial y las actuaciones previstas por la legislación colombiana. La resolución definitiva dependerá de las decisiones que adopten las autoridades competentes. El caso permanece abierto. Las actuaciones continuarán. La justicia seguirá definiendo el rumbo del proceso.
