Juan Diego Angarita, exfuncionario del Ministerio de Salud durante el Gobierno de Gustavo Petro, cuestionó la decisión de congelar proyectos destinados a hospitales y puestos de salud del Tolima. Según la denuncia, los recursos habían sido viabilizados y asignados para diferentes municipios del departamento.
Una nueva controversia se abre en el Tolima por el futuro de varios proyectos de infraestructura y dotación en salud que, según una denuncia de Juan Diego Angarita, exfuncionario del Ministerio de Salud y Protección Social durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, habrían quedado congelados durante la actual administración nacional. El señalamiento pone nuevamente en discusión el destino de recursos que estaban previstos para fortalecer hospitales y puestos de salud del departamento.
De acuerdo con Angarita, durante los primeros siete meses del año el Ministerio de Salud y Protección Social había viabilizado iniciativas de adecuación y dotación hospitalaria en Casabianca, Cunday, Ibagué, Ataco, Coello, Guamo, Icononzo, Melgar y Purificación. Para estos proyectos fueron expedidas resoluciones de asignación por un valor de $25.017.694.136, recursos que estaban destinados a mejorar las condiciones de prestación de servicios en diferentes municipios del territorio tolimense.
El exfuncionario cuestionó que, con la llegada de la ministra de Salud del Gobierno de Abelardo De la Espriella, Ana María Vesga, estos y otros proyectos hayan sido congelados, según su denuncia. Angarita sostuvo que no se habría presentado evidencia que permita establecer la existencia de fallas en las iniciativas aprobadas para el Tolima que justifiquen detener su trámite. No obstante, cualquier decisión administrativa deberá ser contrastada con las explicaciones oficiales del Ministerio y la documentación correspondiente.
La denuncia cobra mayor relevancia por el antecedente de las inversiones realizadas durante el anterior Gobierno. Según Angarita, en el último cuatrienio el Tolima recibió alrededor de $700 mil millones a través del Ministerio de Salud para infraestructura y dotación hospitalaria y de puestos de salud, transporte asistencial, fortalecimiento de servicios, programas sociales, atención a población migrante y el desarrollo de los Equipos Básicos de Salud.
El planteamiento también involucra la situación presupuestal general del departamento. Angarita señaló que el Tolima habría sufrido un recorte cercano a $300 mil millones dentro del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, frente a los recursos que habían sido propuestos por el Gobierno anterior. Este escenario genera preocupación en sectores regionales por el impacto que una menor asignación presupuestal podría tener sobre obras, programas sociales e inversiones que ya estaban en proceso de gestión.
Entre los cuestionamientos también aparecen los recursos destinados a atender a las comunidades afectadas por los incendios forestales registrados en diferentes regiones del país y la destinación del denominado Fondo Milagro, cuya ejecución ha generado debate político. Para los sectores críticos de la administración nacional, estos asuntos requieren información clara sobre montos, beneficiarios, cronogramas y mecanismos de ejecución, especialmente cuando existen comunidades que continúan esperando respuestas después de las emergencias.
La controversia se extiende además al sector agropecuario, luego de que, según lo señalado por Angarita, el ministro de Agricultura invitara a los productores de arroz a disminuir o abandonar este cultivo. El planteamiento genera especial sensibilidad en el Tolima, donde la producción arrocera representa una actividad tradicional para numerosas familias y municipios. La discusión vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de definir políticas que garanticen la sostenibilidad de los productores, la seguridad alimentaria y la competitividad del campo.
Mientras avanza el debate, el interrogante central queda en manos del Gobierno nacional: ¿qué ocurrirá con los proyectos de salud que ya habían sido viabilizados para el Tolima y cuándo continuarán sus procesos? Los cuestionamientos planteados por Angarita ponen el foco sobre iniciativas que beneficiarían a comunidades de varios municipios y que, según la denuncia, permanecen detenidas. La discusión deberá resolverse con información oficial, transparencia administrativa y claridad sobre el futuro de los recursos destinados a fortalecer la salud pública del departamento.
