Más de 100 policías intervinieron cinco unidades de producción de minería ilícita en Chaparral y Coyaima, donde fueron destruidos o inhabilitados equipos utilizados para la extracción ilegal de minerales sobre el río Saldaña.
En una nueva ofensiva contra las economías criminales que operan en el sur del Tolima, la Policía Nacional desplegó la operación “Pijaos VII”, dirigida contra la minería ilícita en zona rural de los municipios de Chaparral y Coyaima. La intervención se desarrolló de manera simultánea desde las 6:00 de la mañana, con la participación de más de 100 uniformados. El operativo tuvo como escenario principal sectores del río Saldaña. La acción buscó afectar las estructuras logísticas y financieras relacionadas con la explotación ilegal de minerales.
En el despliegue participaron unidades especializadas del Grupo de Operaciones Especiales contra la Explotación Ilícita de Minerales (INUMIL), la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental y el Escuadrón Móvil de Carabineros (EMCAR). También hicieron presencia integrantes de los grupos de Inteligencia y SIPOL, quienes apoyaron las labores desarrolladas en el territorio. La operación permitió intervenir cinco unidades de producción dedicadas presuntamente a actividades de minería ilícita. Con ello, las autoridades buscan reducir la capacidad operativa de quienes utilizan los recursos naturales para financiar actividades criminales.
Como resultado de la intervención fueron destruidas e inhabilitadas seis excavadoras, cuatro dragas tipo buzo, ocho motobombas y tres motores industriales. Según las estimaciones entregadas por las autoridades, estos equipos eran utilizados para adelantar procesos de extracción ilegal de minerales en el área intervenida. La capacidad conjunta de estos elementos habría permitido extraer aproximadamente 9.520 gramos de oro mensuales. De acuerdo con las cifras oficiales, dicha producción tendría un valor cercano a los 3.998 millones de pesos en el mercado ilegal.
La operación también permitió generar una afectación económica sobre la cadena logística utilizada para mantener esta actividad ilícita en funcionamiento. Las autoridades estimaron en aproximadamente 3.198 millones de pesos el impacto generado por la destrucción e inhabilitación de la maquinaria y los equipos empleados en las labores extractivas. El resultado representa un golpe a la capacidad de producción de los responsables de estas actividades. Además, limita la disponibilidad de infraestructura utilizada para continuar con la explotación ilegal. La Policía señaló que este tipo de intervenciones buscan impedir que las economías criminales consoliden sus operaciones en el departamento.
Uno de los componentes centrales de la operación estuvo relacionado con la afectación a las finanzas del GAO-r Frente Gerónimo Galeano, estructura alineada al Estado Mayor Central (EMC). Según las autoridades, este grupo criminal obtendría recursos mediante el cobro extorsivo de aproximadamente el 15 % de la producción mensual generada por la minería ilícita. Bajo esta estimación, la intervención representaría una afectación cercana a 599 millones de pesos para las finanzas de dicha estructura. El resultado se suma a las acciones adelantadas para debilitar las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales.
La operación “Pijaos VII” también tuvo un componente de protección ambiental debido al impacto generado por la minería ilegal sobre el río Saldaña y su entorno. Las autoridades advirtieron sobre el uso indiscriminado de sustancias químicas, entre ellas el mercurio, empleado en algunos procesos ilegales de extracción y procesamiento de minerales. Estas prácticas pueden generar afectaciones sobre las fuentes hídricas, los ecosistemas y las comunidades que dependen de los recursos naturales. Por esta razón, la intervención busca no solamente afectar las economías criminales, sino también contribuir a la protección ambiental en esta zona del Tolima.
El teniente coronel Michael Leal Leal, comandante encargado del Departamento de Policía Tolima, destacó que este resultado permite continuar debilitando las capacidades logísticas y financieras relacionadas con la minería ilícita en el sur del departamento. La institución señaló que estas actividades representan una fuente de recursos para estructuras criminales y generan impactos sobre los ecosistemas estratégicos. La Policía anunció que mantendrá las acciones de control e investigación para identificar nuevos puntos utilizados para la explotación ilegal de minerales. El objetivo es impedir que estas organizaciones recuperen rápidamente su capacidad operativa.
Finalmente, la Policía Nacional hizo un llamado a los habitantes del Tolima para informar oportunamente cualquier actividad que pueda estar relacionada con la explotación ilícita de recursos naturales o hechos que afecten el medio ambiente. La ciudadanía puede suministrar información a través de la línea 123 o acudir a la patrulla de Policía más cercana. La institución indicó que se garantiza absoluta reserva para quienes entreguen información a las autoridades. La operación “Pijaos VII” se suma así a las estrategias desarrolladas contra la minería ilegal y las fuentes de financiación de los grupos armados en el departamento. Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad, la protección ambiental y la defensa de los recursos naturales del Tolima.
