La Casa Blanca decidirá el 15 de septiembre si certifica a Colombia como aliado contra el narcotráfico. Una descertificación parcial o total pondría en riesgo cerca de 450 millones de dólares en cooperación militar y de seguridad, y abriría un nuevo capítulo de tensión entre los gobiernos de Trump y Petro.
El próximo lunes 15 de septiembre, Estados Unidos tomará una decisión clave: certificar o descertificar a Colombia como aliado estratégico en la lucha contra el narcotráfico. La Casa Blanca presentará al Congreso un listado actualizado de los países que considera socios en esta materia, y Colombia está en el centro del debate por la tensión diplomática entre los gobiernos de Donald Trump y Gustavo Petro. La decisión no solo es política, sino que también tiene profundas implicaciones económicas, militares y sociales para ambos países.
La certificación está ligada a la cooperación en seguridad, que se traduce en aproximadamente 450 millones de dólares anuales en recursos, entrenamientos y equipos para la Fuerza Pública colombiana. Estos fondos permiten financiar combustible para la Armada, repuestos de aeronaves, horas de vuelo para helicópteros, softwares de inteligencia y ejercicios militares conjuntos. Una descertificación, incluso parcial, comprometería seriamente la capacidad del Estado colombiano para sostener operaciones antidrogas y de defensa.
Expertos como la Cámara de Comercio Colombo-Americana (AmCham) han identificado cuatro posibles escenarios: descertificación dura, descertificación moderada, certificación condicionada por interés nacional o certificación total. Aunque la mayoría de analistas descarta una ruptura absoluta, también coinciden en que la posibilidad de una certificación plena es mínima. El escenario más probable sería una certificación blanda, con sanciones políticas y ajustes en la cooperación.
Un escenario extremo podría implicar la reducción de la ayuda estadounidense entre un 60% y 70%, lo que representaría pérdidas de hasta 315 millones de dólares. De acuerdo con AmCham, este panorama comprometería la capacidad operativa de la Policía Antinarcóticos, el despliegue aéreo y los programas de inteligencia. El experto Manfred Grauttof advierte que, de ocurrir, la Fuerza Pública perdería la capacidad de sostener operaciones prolongadas en áreas críticas de narcotráfico.
La historia ofrece un antecedente: en 1996, Estados Unidos descertificó a Colombia en el marco del proceso 8.000, lo que obligó al país a buscar cooperación militar en otras naciones, como Israel. Hoy, sin embargo, la dependencia de Colombia frente a Estados Unidos en materia de seguridad es mucho mayor. Analistas como Elizabeth Dickinson señalan que los sistemas de defensa de ambas naciones están profundamente entrelazados y que un quiebre sería perjudicial para los dos lados.
Más allá de lo técnico, la descertificación tendría un fuerte impacto político. Trump podría usar esta decisión como herramienta de presión hacia Petro, obligando a Colombia a volver a políticas de erradicación masiva de coca, pese a sus bajos resultados en el pasado. Para Washington, la prioridad es reducir las hectáreas sembradas, mientras que el gobierno colombiano ha enfatizado en la incautación de cocaína, que en 2024 alcanzó cifras históricas de 960 toneladas.
El dilema para Petro y para los candidatos de 2026 es evidente: aceptar las recetas tradicionales de Estados Unidos, como la fumigación aérea con glifosato o la erradicación forzada manual, o buscar alternativas que arriesgan la cooperación futura. Estas decisiones también tienen un alto costo social, pues la erradicación manual suele enfrentar a la Fuerza Pública con comunidades que dependen de la coca para sobrevivir, aumentando el riesgo de choques y asonadas.
En el plano internacional, una descertificación dura debilitaría el estatus de Colombia como socio estratégico extra-Otan de Washington, conseguido en 2022. Eduard Pizarro, exembajador en Bélgica, advierte que sería un error geopolítico para EE. UU. perder a Colombia como aliado en una de las regiones más estratégicas para el comercio y la seguridad mundial. “El punto geográfico de Colombia es vital, y debilitar esa relación afectaría tanto a Bogotá como a Washington”, señaló.
Los escenarios moderados, por otro lado, podrían traducirse en sanciones selectivas, como restricciones de visas para altos funcionarios o reducción parcial de programas sociales y de justicia financiados por Estados Unidos. Aunque el golpe económico sería menor, el efecto político y simbólico sería significativo, pues marcaría un distanciamiento entre los dos países justo en un momento de incremento histórico de los cultivos de coca en Colombia, con más de 252.000 hectáreas registradas.
En conclusión, lo que decida la Casa Blanca el 15 de septiembre será determinante para la política antidrogas de Colombia y su relación estratégica con Estados Unidos. Una certificación condicionada podría mantener el flujo de recursos, pero impondría una presión fuerte sobre Petro y su sucesor para volver a las viejas fórmulas de erradicación forzosa. Mientras tanto, el país enfrenta la paradoja de incautar más cocaína que nunca, pero con cultivos en máximos históricos, en medio de una relación bilateral marcada por la desconfianza y el choque político entre Trump y Petro.
