La captura del abogado Enrique León Machado, aliado del exsenador Juan Diego Gómez, destapó una red de corrupción que habría operado con complicidad del exfiscal Barbosa para devolver bienes de la mafia a narcotraficantes y políticos. El hallazgo de más de 1.000 folios de matrícula inmobiliaria abre un nuevo capítulo de posibles vínculos entre funcionarios, congresistas y el narcotráfico.
El día de ayer en Medellín fue capturado Enrique León Machado, abogado del exsenador conservador Juan Diego Gómez, en una vivienda perteneciente a la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Dentro del inmueble fueron hallados cerca de 1.000 folios de matrícula inmobiliaria, listados de funcionarios de la entidad y documentos relacionados con la asignación de bienes. El hecho reavivó las denuncias sobre una supuesta “SAE paralela” creada para devolver propiedades incautadas a narcotraficantes y políticos corruptos.
La investigación reveló que la red habría contado con la complicidad del exfiscal Francisco Barbosa y del propio exsenador Gómez, quienes según las primeras hipótesis, montaron un sistema paralelo de adjudicación de predios. Este entramado ilegal se destapó al intentar recuperar un inmueble donde apareció el hacker Carlos Escobar, recordado por su implicación en el escándalo de las chuzadas ilegales a la campaña de Juan Manuel Santos. Escobar, durante el gobierno de Iván Duque, fue beneficiado con un bien de la SAE.
La directora de la SAE, Amelia Pérez, confirmó que dentro del inmueble allanado se encontraron documentos oficiales de uso exclusivo de la entidad, entre ellos registros de folios de matrícula inmobiliaria y listados con los nombres de empleados y sus respectivos roles. Para Pérez, este hallazgo confirma la existencia de un mecanismo paralelo que habría manipulado información sensible y beneficiado a redes criminales ligadas al narcotráfico.
En enero de 2023, el presidente Gustavo Petro y el entonces director de la SAE, Daniel Rojas, solicitaron una mesa de trabajo con la Fiscalía para revisar los bienes incautados. Sin embargo, Barbosa se negó, alegando que la entidad no estaba subordinada a la Presidencia. Hoy, dos años después, las revelaciones apuntan a que esa negativa habría tenido la intención de ocultar la operación ilegal que ahora comienza a salir a la luz pública.
Los investigadores no descartan que altos funcionarios y congresistas estén implicados en lo que ya se conoce como el “Cartel de la SAE”. Este escándalo, según fuentes judiciales, podría tener un impacto similar al proceso de la parapolítica, al comprometer a dirigentes políticos que habrían facilitado la devolución de bienes a mafias a cambio de favores o recursos. El epicentro de este esquema de corrupción sería Medellín, donde confluyen testaferros y redes de lavado de activos ligados al uribismo y a sectores de la derecha colombiana.
Durante la captura de Machado, se evidenció además que varios de los inmuebles incautados eran utilizados como casas de paso por grupos armados y narcotraficantes, bajo contratos de arrendamiento irrisorios o incluso sin pago alguno. El presidente Petro denunció que la administración de la SAE en gobiernos anteriores se convirtió en un mecanismo de devolución de propiedades a la mafia, en lugar de destinarlas al beneficio social.
La magnitud del hallazgo pone en entredicho la gestión de los bienes incautados al narcotráfico en Colombia, un tema históricamente rodeado de corrupción. La participación de más de 1.000 folios con matrículas inmobiliarias, funcionarios identificados y notas de asignación, refuerza la hipótesis de que operaba una estructura criminal dentro de la entidad encargada de administrar estos activos.
En los próximos días, se espera que la Fiscalía y la SAE comiencen a revelar la lista de nombres de funcionarios y congresistas presuntamente implicados. Para la opinión pública, este proceso podría convertirse en uno de los mayores escándalos políticos y judiciales de los últimos años, al exponer cómo desde el corazón del Estado se devolvieron bienes de la mafia a sus herederos, poniendo en riesgo la credibilidad de las instituciones y el esfuerzo contra el crimen organizado.
