Con cinco asesinatos en una semana y un atentado explosivo, la segunda ciudad del Tolima enfrenta su peor crisis de seguridad mientras el alcalde Wilson Gutiérrez se encontraría fuera del país.
El municipio de El Espinal atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes tras registrarse tres homicidios en menos de 24 horas. Entre las víctimas se encuentra un padre y su hijo, asesinados con arma de fuego en hechos que han conmocionado a la región. Esta racha violenta suma un total de cinco crímenes en apenas una semana, convirtiéndola en la más sangrienta de la historia reciente local. La comunidad permanece en máxima alerta ante la recurrencia de ataques sicariales que parecen no tener freno por parte de las autoridades. A la par de los homicidios, un atentado con bomba molotov contra un vehículo particular aumentó el temor entre los habitantes. Los organismos de socorro debieron intervenir para evitar una tragedia mayor en el sector donde ocurrió la intimidación explosiva.
La principal hipótesis de las autoridades apunta a una guerra frontal entre bandas delincuenciales por el control de las rutas del microtráfico. Estas disputas territoriales han convertido las calles de El Espinal en un escenario de retaliaciones constantes que la administración municipal no ha atacado de fondo. Los cabildantes locales denuncian que la falta de operatividad permite que las organizaciones criminales fortalezcan su dominio en los barrios más vulnerables. La ciudadanía exige acciones contundentes que desmantelen estas estructuras y devuelvan la tranquilidad a los corredores urbanos afectados por la violencia. A pesar de las investigaciones en curso, la percepción de inseguridad crece ante la falta de capturas de los cabecillas responsables. La falta de una política integral de seguridad ciudadana es hoy el mayor reclamo de los líderes comunales.
En medio de este panorama desolador, la ausencia física del alcalde Wilson Gutiérrez ha desatado una fuerte tormenta política en el concejo municipal. Según denuncias de los cabildantes, el mandatario se encontraría de vacaciones fuera del país, dejando la ciudad bajo el encargo del secretario de Planeación. Los concejales, como César Morales, critican que «El Espinal quedó a la deriva» en el momento que más requería un liderazgo claro y presencial. Esta situación es percibida como un abandono de funciones ante la emergencia de orden público que azota a la segunda ciudad del Tolima. La falta de seguimiento al Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2024–2027 agrava la desconexión entre la alcaldía y las necesidades urgentes. El proyecto de empréstito por 18 mil millones también genera polémica en medio de la desatención administrativa.
Los problemas logísticos también han minado la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública en los sectores críticos del municipio de El Espinal. Se han reportado denuncias sobre la falta de combustible para las patrullas policiales y serios retrasos en la instalación de las cámaras de videovigilancia. Incluso, deudas con la empresa Celsia impidieron la conexión eléctrica de equipos tecnológicos vitales para el monitoreo de las calles principales de la ciudad. A esto se suma el robo de elementos técnicos ya instalados, lo que demuestra la audacia de los delincuentes frente a la infraestructura estatal. Sin herramientas básicas de movilidad y vigilancia, los uniformados se ven limitados para reaccionar ante los llamados de emergencia de la población. La operatividad del Plan 30, implementado recientemente, se ha visto comprometida por estas deficiencias de recursos internos.
Aunque la Gobernación del Tolima ha enviado refuerzos y un nuevo comandante de estación, los resultados en las calles siguen siendo insuficientes para la ciudadanía. La llegada de más oficiales y el cambio de mando no han logrado disuadir a las bandas que mantienen el control delictivo. La falta de evaluación anual del Plan de Seguridad municipal impide que las estrategias se ajusten a la realidad cambiante del conflicto urbano. El Concejo Municipal insiste en que la presencia de la Fuerza Pública debe ir acompañada de una inversión social y tecnológica coherente. Las medidas preventivas parecen diluirse ante la magnitud de una delincuencia que cuenta con mejores recursos que los propios organismos de control local. La desarticulación entre las metas del departamento y la ejecución municipal es evidente en los recientes reportes de criminalidad.
Finalmente, la indignación ciudadana crece ante la propuesta de un millonario crédito mientras la prioridad de salvar vidas parece quedar en segundo plano administrativo. Los habitantes de El Espinal temen que la violencia se normalice y que la ciudad pierda su atractivo comercial y turístico por el miedo. Se hace un llamado urgente al Ministerio del Interior para que intervenga en la situación de orden público dada la presunta ausencia del alcalde. La estabilidad institucional de la localidad pende de un hilo mientras los sicarios continúan imponiendo su ley en las zonas periféricas y céntricas. Se espera que en las próximas horas se realice un consejo de seguridad extraordinario con presencia de autoridades nacionales para retomar el control. El futuro de El Espinal depende de una reacción inmediata que detenga la sangría que hoy enluta a varias familias.
