La Fiscalía General de la Nación imputó al exmandatario Mauricio Ortiz Monroy por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tras presuntas anomalías en la contratación del transporte de 410 estudiantes rurales en 2012.
La Fiscalía General de la Nación judicializó al exalcalde de El Espinal (Tolima), Mauricio Ortiz Monroy, por su presunta responsabilidad en irregularidades relacionadas con la contratación del transporte escolar rural. Los hechos investigados se remontan al año 2012 y estarían vinculados a la prestación del servicio para 410 estudiantes de 18 veredas del municipio. El caso fue asumido por la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima.
Durante la audiencia, un fiscal le imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Según informó el ente acusador, el exmandatario no aceptó el cargo formulado en su contra. La investigación se centra en el proceso contractual mediante el cual se habría seleccionado de manera directa a una empresa para prestar el servicio.
De acuerdo con las pesquisas, el entonces alcalde habría omitido el procedimiento de selección objetiva exigido por la ley. El contrato tenía como finalidad garantizar el transporte de niños y niñas desde distintas veredas hasta el casco urbano de El Espinal para cumplir con su jornada académica. La decisión, al parecer, no tuvo en cuenta la pluralidad de oferentes disponibles en el mercado.
Entre las veredas beneficiadas con el servicio se encuentran Dindalito, Centro, Unión, Sena, La Joya, La Caimanera, Guadalupe, Guayabal, La Morena Parte Alta, Coyarco, Tarula, Puerto Peñón, Canastos, Minuto de Dios, Agua Blanca, Delicias y Santa Ana. El contrato buscaba asegurar el acceso a la educación de estudiantes residentes en zonas rurales del municipio.
La Fiscalía indicó que el valor del contrato superaba los 28 millones de pesos, cifra que excedía la mínima cuantía permitida para contratación directa. Por esta razón, el proceso debía adelantarse bajo la modalidad de selección abreviada, garantizando los principios de transparencia y pluralidad. No obstante, presuntamente se optó por un mecanismo que vulneraba dichos lineamientos.
Asimismo, se conoció que un informe de la Dirección Territorial Tolima del Ministerio de Transporte certificó la existencia de al menos dos empresas habilitadas para prestar el servicio. Estas compañías operaban en El Espinal y Purificación, lo que evidenciaría que existían alternativas para adelantar un proceso competitivo.
El ente investigador sostuvo que estas actuaciones podrían haber desconocido los principios de la contratación pública, especialmente los relacionados con la transparencia y la libre concurrencia. Sin embargo, recordó que la responsabilidad penal del procesado deberá ser definida por un juez de la República en el marco del debido proceso.
Finalmente, la Fiscalía precisó que la situación jurídica del exalcalde continúa en etapa procesal y que se respetará el principio de presunción de inocencia mientras avanza el trámite judicial. El caso reabre el debate sobre los controles en la contratación pública municipal y la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia en la inversión de recursos destinados al sector educativo rural.
