El representante a la Cámara por el Tolima cuestionó las acciones contra la minería criminal y solicitó a la Fiscalía investigar las declaraciones del alcalde de Chaparral sobre presuntos vínculos entre actividades extractivas ilegales, sectores políticos y estructuras económicas en el sur del departamento.
El representante a la Cámara por el Tolima, Renzo García, solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar las declaraciones realizadas por el alcalde de Chaparral sobre la presunta financiación de campañas políticas con recursos provenientes de la minería ilegal. El congresista aseguró que los señalamientos deben ser esclarecidos mediante una investigación formal. Según García, estarían involucradas personas con poder económico y dirigentes políticos. La denuncia se relaciona especialmente con municipios del sur del Tolima. La zona enfrenta una creciente preocupación por los impactos ambientales de la minería criminal.
A través de un video publicado en sus redes sociales, García sostuvo que las declaraciones del mandatario de Chaparral revelarían posibles conexiones entre actividades mineras ilegales y sectores de la política regional. El representante pidió establecer quiénes estarían detrás de estas operaciones y cuáles serían sus intereses. También planteó determinar si existen estructuras económicas o políticas que estarían respaldando estas actividades. Los señalamientos, sin embargo, deberán ser verificados por las autoridades competentes. La investigación deberá establecer responsabilidades individuales con base en pruebas.
El congresista citó específicamente las declaraciones según las cuales existirían exalcaldes y candidatos a corporaciones públicas que presuntamente estarían financiando campañas políticas mediante recursos de la minería criminal. García calificó la situación como especialmente grave por sus posibles consecuencias ambientales. Advirtió que estas prácticas estarían afectando ecosistemas, fuentes hídricas y territorios del sur del departamento. Por ello, pidió que la Fiscalía determine si existen redes organizadas detrás de las actividades denunciadas. También solicitó identificar eventuales vínculos entre actores políticos y económicos.
García cuestionó además los resultados de los operativos adelantados contra la minería ilegal en el departamento. Según el congresista, el valor de la maquinaria incautada hasta ahora sería insuficiente frente a la dimensión de los equipos utilizados en las zonas de explotación. Para sustentar su cuestionamiento, comparó los recursos reportados en incautaciones con el costo individual de algunas excavadoras. A su juicio, los resultados conocidos representarían apenas una parte de la maquinaria utilizada. Por esta razón, reclamó una estrategia más contundente contra las estructuras dedicadas a esta actividad.
El representante pidió a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, y a la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, fortalecer los operativos de control ambiental. También solicitó una coordinación permanente con los alcaldes de los municipios afectados y el Gobierno Nacional. Según García, la respuesta institucional debe superar las acciones aisladas y concentrarse en las estructuras que permiten la continuidad de la minería ilegal. La estrategia debería incluir componentes ambientales, judiciales y de seguridad. El objetivo, afirmó, debe ser recuperar el control de las zonas afectadas.
Uno de los principales puntos de preocupación planteados por el congresista es la cuenca mayor del río Saldaña, considerada estratégica para el departamento. García advirtió que la minería criminal estaría generando daños sobre los ecosistemas y los recursos hídricos de esta región. El representante hizo un llamado a las autoridades para evitar una mayor degradación ambiental. También pidió garantizar el derecho colectivo de las comunidades a disfrutar de un ambiente sano. La protección de las fuentes de agua se convirtió en uno de los ejes centrales de su denuncia.
El congresista insistió en que la Fiscalía debe determinar cuáles personas, grupos económicos o estructuras organizadas estarían vinculadas con las actividades denunciadas. También pidió establecer si existen posibles conexiones con organizaciones políticas o financiación irregular de campañas. García sostuvo que estas afirmaciones deben ser investigadas para establecer si tienen sustento y determinar eventuales responsabilidades. Hasta que las autoridades concluyan las investigaciones, los señalamientos mantienen el carácter de presuntos. La Fiscalía será la encargada de establecer si existen elementos suficientes para avanzar en procesos judiciales.
Finalmente, Renzo García reclamó una intervención articulada entre las autoridades municipales, departamentales, ambientales y nacionales para enfrentar la minería ilegal en el Tolima. El representante insistió en que la prioridad debe ser proteger los ecosistemas y la cuenca del río Saldaña. También pidió fortalecer las operaciones de control y judicialización contra quienes financien o ejecuten estas actividades. La denuncia abre nuevamente el debate sobre el alcance de la minería criminal en el sur del departamento. Ahora la atención se concentra en las investigaciones que puedan adelantar las autoridades frente a los señalamientos realizados.
