En una operación conjunta entre el Ejército y la Policía, se desmanteló un depósito ilegal del Frente Joaquín González en la vereda Tolda Blanca. El hallazgo de 30 kilogramos de explosivos y uniformes policiales evitó una acción criminal que amenazaba con un radio de destrucción de 40 metros en el suroccidente del Tolima.
Gracias a precisas labores de inteligencia militar, tropas del Batallón de Infantería N.° 18 Coronel Jaime Rooke lograron un golpe contundente. En coordinación con la Policía Nacional, los uniformados ubicaron un depósito ilegal de explosivos en el suroccidente del departamento del Tolima. El material pertenecía al grupo armado organizado residual Frente Joaquín González, estructura disidente que opera bajo el mando de alias Calarcá. El hallazgo se produjo en la vereda Tolda Blanca, situada en el corregimiento de Playarrica, jurisdicción del municipio de San Antonio. Esta operación evitó de manera directa la ejecución de un posible atentado terrorista que ya estaba siendo planeado. La presencia institucional en la zona permitió reaccionar antes de que los criminales activaran las cargas explosivas.
En el lugar de los hechos, las autoridades hallaron aproximadamente 30 kilogramos de explosivos de alto poder listos para ser utilizados. Según la información procesada por inteligencia, este cargamento iba a ser detonado en un punto estratégico de esta región tolimense. Además del material bélico, se encontraron dos uniformes con características similares a los que utiliza la Policía Nacional de Colombia. También fueron incautados panfletos alusivos a la estructura disidente y una batería de motocicleta, elementos clave para la logística. Estos hallazgos evidencian la intención de los criminales de suplantar a la autoridad para facilitar su accionar delictivo. La combinación de explosivos y uniformes oficiales indica un nivel de planeación detallado para generar caos social.
De acuerdo con las valoraciones técnicas realizadas por expertos, la capacidad de afectación del material hallado era sumamente peligrosa y letal. Se estima que el explosivo habría generado un radio de destrucción de 40 metros a la redonda desde su punto de ignición. Esta potencia ponía en grave riesgo la integridad de la población civil residente en el corregimiento de Playarrica. Asimismo, la infraestructura vial y los servicios públicos de la región se encontraban bajo una amenaza de colapso inminente. La destrucción controlada del material fue la única vía segura para eliminar el peligro que representaba para los campesinos. La pericia de los técnicos antiexplosivos evitó que la situación pasara a mayores durante el procedimiento de rigor.
[Image: Una fotografía que muestra a un experto en explosivos de la Policía, con traje de protección, realizando la detonación controlada en un campo abierto cerca de San Antonio, Tolima.]
El material explosivo fue destruido de manera controlada por el grupo especializado de la Policía Nacional para evitar daños colaterales. Por su parte, los uniformes, panfletos y demás elementos tecnológicos quedaron a disposición de la autoridad judicial competente para su análisis. Estas pruebas serán fundamentales en los procesos de judicialización contra los cabecillas de la estructura que lidera alias Calarcá. La fiscalía buscará establecer si estos uniformes habían sido utilizados en retenes ilegales previos en las vías del sur. El éxito de la operación radica en la interrupción de la cadena de suministros bélicos de los grupos residuales. Cada kilogramo de explosivo retirado de la zona representa una vida salvada y una tragedia evitada.
El Ejército Nacional, a través de la Sexta Brigada, reiteró su compromiso inquebrantable con la protección de todos los ciudadanos tolimenses. La neutralización de estas amenazas terroristas es una prioridad dentro del plan de seguridad territorial diseñado para este fin de año. Las tropas militares mantienen una vigilancia constante en los corredores viales que conectan a San Antonio con el resto del departamento. Se busca desarticular las finanzas y la logística de las disidencias que intentan recuperar espacios históricos en el Tolima. La operatividad se ha intensificado en zonas rurales donde se sospecha la existencia de otros depósitos de armamento ilegal. La articulación con la red de participación ciudadana ha sido vital para el éxito operativo.
Finalmente, la institución invitó a toda la ciudadanía del Tolima a colaborar activamente mediante la denuncia de cualquier situación extraña. Se recordó que la línea antiterrorismo 107 está disponible de forma permanente para recibir información que permita frustrar ataques criminales. La colaboración de los habitantes de Playarrica y Tolda Blanca fue determinante para ubicar este punto de almacenamiento de la disidencia. La seguridad regional es un esfuerzo conjunto que requiere la confianza mutua entre la población y la fuerza pública. Con estas acciones, se garantiza que las festividades en el suroccidente del departamento transcurran en un ambiente de paz. El control militar continuará desplegado en los puntos críticos identificados por las agencias de inteligencia nacional.
