El Gobierno nacional aumentó su aporte de $36.000 a $60.000 millones y el departamento solo ha puesto $1.170 millones este año, mientras que los $14.000 millones adicionales anunciados, aún no se han incorporado al programa.
La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), adscrita al Ministerio de Educación Nacional, abrió su rueda de prensa con un llamado directo a la transparencia. Sebastián Rivera, director de la UApA, afirmó: «Todo servidor público está obligado a entregar información veraz; dar información inexacta puede constituir una falta gravísima. La Gobernación del Tolima dice que atendía 82.000 estudiantes: si fuera cierto, debe estar registrado en el sistema oficial. Nadie puede pagar complementos que no estén debidamente registrados.»
Rivera presentó el histórico de financiación: mientras el apoyo nacional pasó de $36.000 millones en 2022 a $60.000 millones en 2025, la Gobernación del Tolima que en años recientes destinó entre $10.000 y $15.000 millones a la fecha solo ha aportado $1.170 millones. Agregó que el anuncio de $14.000 millones «no está reportado; cuando ingrese al sistema, se contará. Hoy lo verificable son $1.170 millones».
Recordó, además, que la ley obliga a las partes a aumentar en términos reales sus aportes año a año, es decir al menos en el IPC.
Aclaración clave de política pública:
Es falso que la nación esté obligada a cubrir 85 % del PAE. El esquema es concurrente: la Nación cofinancia y la Entidad Territorial Certificada (ETC) deben aumentar su aporte respecto a la vigencia inmediatamente anterior.
Lo que dicen los datos oficiales del Tolima.
Cobertura: al 30 de junio de 2025, el PAE alcanzó 63,2 %; más de 40.000 estudiantes quedaron por fuera.
Planeación incumplida: la ETC no ha entregado el Plan Financiero Territorial, exigido por la Resolución 231 de 2025.
Contratación interrumpida: suspendieron el 13 de agosto los contratos del PAE mayoritario y del PAE indígena; la ETC proyecta adiciones hasta octubre tras prórrogas, por suspensiones e inejecuciones.
Alertas en SECOP II: el contrato 0178-2025 (población indígena) aparece finalizado el 15 de agosto, pero con suspensión extendida al 5 de septiembre; así, una reanudación y adición no reflejaría la realidad contractual. No hay informes de seguimiento cargados en la plataforma.
Compromiso nacional creciente: el presupuesto del PAE pasó de $1,97 billones (2024) a $2,16 billones (2025) (+9 %, cifra mayor al IPC de 5,2 % que es lo estipulado).
Receso escolar en Ataco, sin cumplir: se apropiaron $286 millones (2023) para 4.091 canastas y $513 millones (2024) para 4.321 canastas (45 días, $118.776 por canasta); no se ejecutaron y se van a ejecutar en 2025. Este año se inició la entrega de 4.276 canastas (desde 14 de junio) con recursos 2024 y se proyecta otra entrega en diciembre (23 días).
Irregularidades y riesgos identificados
Desalineación entre discurso y sistema: cualquier cifra de cobertura (por ejemplo, 82.000 alumnos atendidos) debe estar registrada en el sistema oficial; no se pueden pagar complementos no registrados, recalcó la UApA.
Opacidad contractual: falta de publicación oportuna en SECOP II de prórrogas, suspensiones e informes de seguimiento entorpece la vigilancia y expone a hallazgos de control.
Valor del almuerzo por encima del promedio nacional: esto reduce cobertura y obliga a revisar el estudio de costos para optimizar recursos.
Gestión del dato: la ETC no ha actualizado debidamente SIMAT/estrategia de Alimentación Escolar, con baja cobertura de registro en varias ETC no certificadas; sin data confiable, no hay decisiones acertadas.
¿Qué está en juego?
Cada punto de cobertura perdida se traduce en niñas, niños, jóvenes y adolescentes, que llegan a clase sin su complemento. La discontinuidad contractual desde el 13 de agosto y la subejecución tienen consecuencias directas en permanencia escolar y aprendizaje.
Acciones inmediatas
Mesa técnica de verificación (UApA, ETC Tolima e Ibagué): contraste en sistema de matrícula atendida, contratos, giros y saldos, y plan de continuidad sin excusas.
Revisión del estudio de mercado: ajustar valor por complemento para ampliar cobertura sin sacrificar calidad.
Cumplimiento de legalidad y transparencia: cargar de inmediato en SECOP II todas las actuaciones contractuales e informes de seguimiento.
Entes de control: Procuraduría Regional y Contraloría verificarán el incumplimiento del principio de progresividad (Ley 2167 de 2021) y la veracidad de lo reportado en mesa a realizar en el mes de octubre.
Cronología mínima de la crisis contractual (2025)
31 de julio: primera prórroga del PAE mayoritario hasta esta fecha; adiciones e inejecuciones reportadas.
13 de agosto: vencen el PAE mayoritario y el PAE indígena; el departamento anuncia nuevas adiciones (hasta octubre), pero con suspensiones y vacíos de reporte.
14 de junio – diciembre: ejecución tardía de canastas de receso escolar en Ataco con recursos 2024; se proyecta nueva canasta (23 días) en diciembre.
Conclusión: el gobierno del cambio cumplió y aumentó recursos. En Tolima, lo que falla es planeación, contratación y transparencia. Ni una niña ni un niño sin alimentación escolar.
