Adriana Magali Matiz cuestionó el Decreto de Emergencia Económica 1474 y pidió a los gobernadores evaluar acciones jurídicas ante la Corte Constitucional, al considerar que la norma vulnera la autonomía territorial y afecta gravemente las finanzas departamentales.
Durante el primer Encuentro de Gobernadores convocado por la Federación Nacional de Departamentos, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, lanzó una fuerte crítica contra el Decreto de Emergencia Económica 1474, expedido por el Gobierno Nacional el 29 de diciembre de 2025. La mandataria calificó la medida como un “asalto centralista” que afecta directamente la autonomía y los recursos de las entidades territoriales.
En su intervención, Matiz instó a los gobernadores del país a analizar la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad frente al decreto y, de manera paralela, a presentar un pronunciamiento propio ante la Corte Constitucional. Señaló que la discusión jurídica no debe limitarse a la declaratoria de emergencia, sino profundizar en las afectaciones estructurales que la norma genera en los departamentos.
“La Corte debe evaluar no solo la emergencia, sino también cómo este decreto vulnera la autonomía territorial y debilita la capacidad financiera de las regiones”, sostuvo la gobernadora, quien advirtió que las consecuencias del decreto se sentirán de manera inmediata en la gestión fiscal departamental.
Uno de los puntos más cuestionados fue el artículo 15, parágrafo segundo, el cual establece que todo ingreso departamental que supere el crecimiento del IPC entre 2025 y 2026 deberá ser transferido a la Nación. Además, la norma impone liquidaciones mensuales y giros obligatorios en un plazo máximo de 15 días, lo que, según Matiz, castiga el esfuerzo de recaudo regional.
La mandataria afirmó que esta disposición desincentiva la gestión eficiente de los departamentos, pues cualquier aumento en el recaudo termina beneficiando al nivel central. “Es un raponazo a los recursos territoriales y un castigo a la buena administración”, enfatizó ante los demás gobernadores.
Matiz también alertó sobre la falta de rigor técnico y legislativo del decreto, y advirtió que podría debilitar la lucha contra el contrabando de licores. Citó cifras de la Federación Nacional de Departamentos que indican que el 29 % del licor consumido en Colombia es adulterado o de contrabando, problemática que, según dijo, podría agravarse con la nueva reglamentación.
La gobernadora sostuvo que un aumento del contrabando tendría efectos directos sobre la salud pública y los servicios de urgencias, generando mayores presiones financieras para los departamentos, sin que estos cuenten con los recursos necesarios para responder a la demanda.
Desde el punto de vista jurídico, Matiz argumentó que el decreto carece de conexión material y de necesidad entre el fin que persigue y el medio utilizado, al apropiarse de impuestos territoriales. También denunció una posible violación al principio de certeza tributaria establecido en el artículo 338 de la Constitución, al crear hechos generadores sin definir claramente los elementos del tributo.
Finalmente, la gobernadora del Tolima hizo un llamado a construir una posición unificada de los mandatarios regionales frente al decreto, reiterando la necesidad de acudir a la Corte Constitucional. “Este no es un debate político, es la defensa de la autonomía territorial y de los recursos que sostienen el funcionamiento de los departamentos”, concluyó.
