Mandatarios departamentales advirtieron que no aplicarán el Decreto 1474 del Gobierno Nacional al considerar que vulnera la autonomía territorial y pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las regiones.
Los gobernadores de Colombia anunciaron que no acatarían el Decreto 1474 expedido por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica, al considerar que esta medida afecta de manera directa la autonomía territorial y compromete seriamente las finanzas de los departamentos. La decisión fue respaldada por varios mandatarios regionales, quienes calificaron la iniciativa como una imposición centralista.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, confirmó que los departamentos acudirán a diferentes mecanismos jurídicos para frenar la aplicación del decreto. Entre las acciones anunciadas se encuentran la excepción de inconstitucionalidad, la interposición de tutelas y demandas ante la Corte Constitucional, con el objetivo de proteger los recursos propios de los territorios.
Según Matiz, uno de los mayores impactos del decreto recae sobre las rentas departamentales provenientes de los licores, que representan cerca del 47% de los ingresos tributarios. La mandataria advirtió que esta afectación compromete la capacidad de financiación de sectores clave como la salud, la educación y la inversión social en las regiones.
A este panorama se suma el incremento del salario mínimo, que estaría elevando de manera considerable los costos de programas fundamentales como el Programa de Alimentación Escolar (PAE). De acuerdo con los gobernadores, este aumento reduce el margen de maniobra presupuestal y limita la ejecución de obras públicas y proyectos de desarrollo regional.
Los mandatarios señalaron que, mientras no exista un pronunciamiento de fondo por parte de las altas cortes, los departamentos desconocerían la aplicación del decreto. Esta postura, advirtieron, busca evitar un mayor deterioro de las finanzas locales y preservar la estabilidad administrativa en cada territorio.
El anuncio ha encendido las alertas sobre un posible choque institucional entre el Gobierno Nacional y las regiones, al tratarse de una decisión colectiva que desafía una medida adoptada en el marco de la emergencia económica. Analistas advierten que esta confrontación podría profundizar las tensiones políticas y administrativas en el país.
Desde las regiones se insiste en que el decreto no tuvo en cuenta las realidades financieras de los departamentos ni los compromisos adquiridos con las comunidades. Los gobernadores sostienen que la falta de concertación pone en riesgo la prestación de servicios esenciales y la continuidad de programas sociales.
Finalmente, los mandatarios alertaron que, de mantenerse la aplicación del decreto, los territorios podrían enfrentar una emergencia económica y social propia. En ese escenario, reiteraron el llamado al Gobierno Nacional para abrir espacios de diálogo que permitan encontrar soluciones conjuntas sin afectar la autonomía ni los recursos de las regiones.
