La reunión entre los gobernadores del país y el Gobierno nacional para analizar el impacto del Decreto 1474 de 2025 terminó sin consensos. Los mandatarios advierten riesgos para las finanzas territoriales y anuncian acciones ante la Corte Constitucional, mientras mantienen abierto el canal de diálogo institucional.
La reunión sostenida entre los gobernadores de Colombia y el Gobierno nacional, con la participación de los ministros del Interior y de Hacienda, concluyó sin acuerdos frente a las preocupaciones planteadas por las regiones sobre el Decreto 1474 de 2025. Así lo confirmó la Federación Nacional de Departamentos, al señalar que no se produjeron definiciones que modifiquen el panorama actual.
Según los mandatarios departamentales, la norma, que incrementa el impuesto al consumo y el IVA a licores y cigarrillos, genera un impacto negativo en los ingresos que reciben los departamentos. Estos recursos, explicaron, son fundamentales para la financiación de sectores estratégicos como la salud, la educación, el deporte y los programas sociales.
Los gobernadores reconocieron la disposición al diálogo manifestada por el Gobierno nacional durante el encuentro. Sin embargo, advirtieron que esa voluntad no se tradujo en compromisos concretos que permitan garantizar la estabilidad de las finanzas territoriales ni la sostenibilidad de los servicios que prestan los entes departamentales.
De acuerdo con la Federación Nacional de Departamentos, el aumento de la carga tributaria sobre estos productos podría reducir el consumo legal, afectar la recaudación y, en consecuencia, disminuir los ingresos que hoy se destinan a atender las necesidades más urgentes de las comunidades en los territorios.
Ante la falta de consensos, los gobernadores anunciaron que acudirán a la Corte Constitucional para solicitar una suspensión provisional de la aplicación del decreto. Consideran que la medida vulnera la autonomía de las entidades territoriales y limita su capacidad de gestión y respuesta frente a las demandas ciudadanas.
Los mandatarios sostienen que, si bien Colombia es una república unitaria, la Constitución también consagra la descentralización y la autonomía de los departamentos. En ese sentido, señalaron que cualquier decisión que contradiga este principio debe ser revisada por las instancias judiciales correspondientes.
Pese a la inconformidad expresada, los gobernadores reiteraron que continuarán participando en los espacios de diálogo convocados por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Insisten en que una salida concertada es necesaria para evitar afectaciones mayores en las regiones.
Finalmente, la Federación Nacional de Departamentos hizo un llamado a construir soluciones que equilibren las necesidades fiscales del Gobierno central con la realidad financiera de los territorios, con el fin de garantizar la continuidad de programas esenciales y el bienestar de la población en todo el país.
