El Ministerio de Justicia presentó denuncias ante la Corte Suprema contra varios parlamentarios por, según el Ejecutivo, promover declaraciones que podrían facilitar una intervención de Estados Unidos en Colombia. La medida busca proteger la soberanía y la estabilidad institucional mientras la Sala de Instrucción Penal decide sobre la denuncia.
El Gobierno nacional inició un proceso de judicialización contra congresistas señalados de promover o alentar una posible intervención de Estados Unidos en Colombia, una acción que, según el Ministerio de Justicia, pone en riesgo las instituciones democráticas y la estabilidad del Estado.
La denuncia, presentada en la Corte Suprema de Justicia, apunta a publicaciones y mensajes en redes sociales que el Ejecutivo considera incitaciones que podrían facilitar la injerencia extranjera. Entre los argumentos esgrimidos por la administración está la posible configuración de delitos contemplados en el Código Penal relacionados con el menoscabo de la integridad nacional.
Fuentes oficiales indicaron que la acción responde a una “línea de riesgo” cuando pronunciamientos públicos de representantes populares traspasan la frontera de la opinión política y podrían interpretarse como llamados a intervenciones o acciones hostiles que afectan la soberanía. El ministro de Justicia encargado ha insistido en que la libertad de expresión es un derecho, pero no ampara conductas que puedan facilitar la intervención de un gobierno extranjero.
El expediente inicial individualiza a varios congresistas cuyas publicaciones y declaraciones fueron citadas como base de la denuncia, por lo que la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema será la encargada de determinar la procedencia de las imputaciones y las posibles responsabilidades penales.
Voceros del Ejecutivo señalaron que la decisión busca disuadir llamados que, en un contexto de alta tensión regional, puedan desencadenar consecuencias graves para la integridad territorial y el orden público. Asimismo, se subrayó la necesidad de que los representantes actúen con responsabilidad y respeten los canales institucionales para el debate.
Por su parte, algunos de los congresistas mencionados rechazaron las denuncias y las calificaron como un intento de amedrentamiento político, mientras otros defendieron sus expresiones bajo el derecho a cuestionar la política exterior y la seguridad pública. Las bancadas aún discuten la estrategia de defensa y valoración política frente al proceso judicial en curso.
Analistas consultados por medios nacionales advierten que el choque entre el Ejecutivo y ciertos sectores del Legislativo podría profundizar la polarización política y elevar la tensión institucional en un año electoral. Señalan que la Corte Suprema deberá garantizar un trámite técnico y ajustado a derecho para evitar la judicialización excesiva de la disputa política.
La Sala de Instrucción Penal evaluará ahora si los hechos descritos en la denuncia configuran, efectivamente, delitos penales o si las conductas denunciadas deben encuadrarse en el ámbito de la controversia política y la libertad de expresión. Mientras tanto, el Gobierno advierte que continuará actuando contra quienes, a su juicio, pongan en riesgo la soberanía y la estabilidad institucional.
