Con la expedición del Decreto 0030 de 2026, el Gobierno Nacional derogó la prima especial que elevaba los ingresos de los congresistas, en una decisión que busca austeridad, equidad salarial y sostenibilidad fiscal, mientras en el Tolima se reporta un fallo judicial por desacato contra un alto funcionario municipal.
El Gobierno Nacional oficializó un recorte histórico a los ingresos del Congreso de la República al derogar la prima especial que beneficiaba a los legisladores, mediante el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, firmado por el presidente de la República en ejercicio de sus facultades constitucionales.
La norma elimina de manera integral el Decreto 2170 de 2013, que reglamentaba una prima asociada a conceptos de salud, localización y vivienda, considerada por amplios sectores como un privilegio desproporcionado frente a la realidad económica del país y al ingreso promedio de los colombianos.
Según el texto oficial, la decisión responde a la necesidad de fortalecer una política de austeridad inmediata y de reorientar el gasto público hacia el cierre de brechas sociales, en coherencia con los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo vigente.
El Ejecutivo sustentó la medida en principios de sostenibilidad fiscal, racionalidad y transparencia, señalando además que, de acuerdo con conceptos del Ministerio de Salud, la labor legislativa está clasificada como actividad de Riesgo I y no como una función de alto riesgo.
La prima eliminada equivalía a $7.898.445 mensuales y se reajustaba anualmente, constituyendo un factor salarial para el cálculo de otras prestaciones. Este beneficio había reemplazado antiguas primas, amparadas en la Ley 4ª de 1992, pero fue objeto de constantes críticas ciudadanas.
El decreto aclara que la eliminación del beneficio se ajusta a la jurisprudencia constitucional, citando la Sentencia C-408 de 2021, que establece que la protección de derechos sociales no es absoluta cuando existen razones legítimas de interés general y equidad.
La derogatoria aplicará exclusivamente a los congresistas que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026, fecha desde la cual tendrá efectos fiscales plenos. Asimismo, se ratificó al Departamento Administrativo de la Función Pública como la única entidad competente en materia salarial y prestacional.
Mientras a nivel nacional se avanza en estas reformas, en el Tolima se registró un hecho judicial relevante: una jueza declaró en desacato al secretario de Hacienda Municipal de Ibagué, Ángel María Gómez, imponiéndole arresto domiciliario y una multa, en un fallo que evidencia el rigor del sistema judicial frente al incumplimiento de órdenes constitucionales.
