Un ataque con fusiles y explosivos contra la estación de Policía del corregimiento El Limón, en Chaparral, perpetrado por disidencias de las FARC, desató un intenso combate que generó pánico entre los habitantes. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, condenó la agresión y advirtió que el departamento no permitirá la normalización del miedo ni el retroceso hacia los peores capítulos de violencia que marcaron su historia.
Una tarde marcada por el terror se vivió en el sur del Tolima tras el hostigamiento armado que las disidencias de las FARC lanzaron contra la estación de Policía de El Limón, en Chaparral. El ataque comenzó con ráfagas de fusil y detonaciones que rápidamente alertaron a la comunidad, obligando a los uniformados a responder para contener el avance de los grupos ilegales. En cuestión de minutos, audios y mensajes difundidos en redes y cadenas de WhatsApp daban cuenta del dramatismo de la situación. Las explosiones y disparos generaron un ambiente de angustia colectiva, especialmente entre quienes permanecían en sus viviendas buscando resguardo. La acción se percibió como un intento directo de desafiar la presencia institucional en una zona históricamente golpeada por la violencia armada.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, reaccionó de inmediato a través de sus redes, rechazando categóricamente el ataque y responsabilizando a los grupos disidentes de querer desestabilizar la tranquilidad regional. En su mensaje, aseguró que es inadmisible que el departamento vuelva a experimentar episodios que evocan las décadas más duras de la guerra. La mandataria enfatizó que la agresión constituye un acto de barbarie que atenta contra la población y contra la labor de la Fuerza Pública, que mantiene presencia para proteger a los habitantes. Matiz también exhortó al Gobierno Nacional a reforzar el acompañamiento militar y policial en zonas rurales del sur del departamento. Su mensaje reflejó preocupación, pero también firmeza frente al avance de los violentos.
La comunidad de El Limón vivió momentos de profundo temor, pues el combate se extendió por varias horas, generando confinamientos y la interrupción de actividades cotidianas. Algunos habitantes bloquearon vías de acceso hacia Chaparral para evitar quedar en medio del fuego cruzado. Los testimonios recogidos por medios locales describían un escenario de incertidumbre en el que nadie se atrevía a salir de sus hogares. Las continuas detonaciones incrementaron el miedo a posibles afectaciones civiles debido al uso de explosivos. La población exigió acciones inmediatas y la garantía de un retorno seguro a la normalidad. La percepción general era la de un retroceso doloroso hacia tiempos que la región esperaba haber dejado atrás.
La gobernadora reiteró que los grupos armados buscan infundir terror como herramienta de control territorial, pero afirmó que el Tolima no cederá ante esas presiones. Desde la Gobernación se coordinó con la Fuerza Pública el despliegue de refuerzos y la activación de protocolos para recuperar el orden en la zona. El mensaje fue claro: la institucionalidad reaccionará con determinación y contundencia para proteger a la ciudadanía. Matiz insistió en que la seguridad del departamento es prioridad y que no se permitirá que actores ilegales dicten las dinámicas en los territorios. La coordinación con autoridades militares y policiales se mantuvo constante para evaluar el desarrollo del combate y las decisiones operativas necesarias.
En medio de la tensión, Matiz pronunció una frase que se convirtió en símbolo de resistencia institucional: “En nuestro gobierno no aceptamos ni normalizamos el miedo”. Con esta declaración reafirmó la necesidad de preservar la tranquilidad y la dignidad de las comunidades del Tolima frente a los intentos de intimidación. El llamado fue también para la población civil, invitándola a mantener la calma y confiar en la respuesta articulada de las autoridades. La mandataria reiteró que la prioridad es salvaguardar la vida de los uniformados y habitantes de El Limón, quienes han enfrentado episodios reiterados de confrontación armada. La consigna “¡El Tolima se respeta!” marcó la postura oficial del departamento ante los hechos.
Pese a la gravedad del ataque, hasta el cierre de esta edición no se había divulgado un informe oficial que confirmara heridos o bajas entre uniformados, civiles o integrantes de los grupos ilegales. La ausencia de un reporte oficial aumentó la incertidumbre, alimentando rumores que circularon de manera acelerada en redes sociales. La presencia militar en la zona y el acordonamiento de áreas estratégicas evidenciaron la magnitud de la emergencia. La coordinación entre Ejército y Policía se mantuvo como un factor crucial para evitar la expansión del hostigamiento y proteger a quienes permanecían confinados. Las instituciones de control y verificación también seguían de cerca los hechos para garantizar el respeto de los derechos humanos en medio de las operaciones.
En su declaración final, la gobernadora Matiz aseguró que “la gente del Tolima no será rehén de quienes quieren destruir la esperanza y la paz”. Sus palabras reflejaron la preocupación por los avances de actores armados ilegales en zonas rurales, así como la determinación de enfrentar ese fenómeno con estrategias contundentes. La violencia registrada en El Limón es interpretada por las autoridades como un intento de frenar el desarrollo y la recuperación social del sur del departamento, un territorio que ha luchado por superar décadas de conflicto. La situación confirma los desafíos persistentes en materia de seguridad rural y la necesidad de fortalecer la presencia estatal de manera sostenida.
El área del corregimiento de El Limón permanecía en vigilancia activa mientras avanzaba el envío de refuerzos terrestres y posiblemente apoyo aéreo para neutralizar completamente a los responsables del ataque. Las autoridades insistieron en que la población debe mantenerse informada solo por canales oficiales ante la proliferación de versiones sin confirmar. El hostigamiento puso nuevamente en evidencia el riesgo que representan las disidencias en zonas estratégicas del Tolima, donde buscan ejercer presión mediante acciones violentas. La comunidad de Chaparral pidió garantías para retomar su vida cotidiana sin temor a una nueva incursión armada. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un balance oficial sobre lo ocurrido.
