El Comando Unitario del Tolima confirmó una jornada de paro y movilización ciudadana para el 28 de enero en Ibagué, en rechazo al aumento de la tarifa del transporte público, al considerar que la medida carece de sustento técnico, profundiza la desigualdad social y exige a la Alcaldía la apertura urgente de una mesa de concertación con tarifas diferenciales.
La capital del Tolima atraviesa un momento de alta tensión social luego de que sindicatos y organizaciones ciudadanas confirmaran un paro para el próximo 28 de enero. La convocatoria surge como reacción al incremento de la tarifa del transporte público colectivo, una decisión que ha generado amplio rechazo en distintos sectores de la población. Los promotores de la protesta aseguran que el aumento impacta de manera directa el ingreso de las familias trabajadoras. Señalan que, en un contexto de inflación y precariedad laboral, el alza del pasaje resulta insostenible. La inconformidad se ha extendido rápidamente en barrios y comunas. El ambiente previo a la jornada anuncia una movilización de gran magnitud. Ibagué se prepara para un día de protesta social.
El Comando Unitario del Tolima, que agrupa a centrales obreras como la CUT, CTC, CGT y SIMATOL, emitió un pronunciamiento contundente contra la medida adoptada por la administración municipal. En el documento, las organizaciones califican el incremento tarifario como regresivo y desconectado de la realidad económica de la ciudad. Aseguran que se está cobrando un sistema de transporte antiguo como si fuera moderno y eficiente. Denuncian la falta de renovación del parque automotor y la ausencia de mejoras visibles en el servicio. Para los sindicatos, no existen estudios técnicos públicos que justifiquen el alza. La falta de transparencia es uno de los principales cuestionamientos.
Según el Comando Unitario, el modelo actual del sistema de transporte beneficia principalmente a los operadores, mientras traslada los costos a los usuarios y precariza las condiciones laborales de los conductores. Los líderes sindicales advierten que la deficiente planeación del Sistema Estratégico de Transporte Público ha generado un círculo de déficit financiero permanente. Esta situación, afirman, profundiza las brechas sociales y limita el acceso a un derecho fundamental como la movilidad. El incremento del pasaje afecta de manera desproporcionada a estudiantes, trabajadores informales y adultos mayores. El malestar social se refleja en múltiples pronunciamientos ciudadanos. La crítica se ha instalado en la agenda pública local.
Jhonatan Varón, vocero de la Central Unitaria de Trabajadores, confirmó que el principal punto de concentración será la calle 37 con carrera Quinta. Allí se realizarán marchas, plantones y cierres viales de carácter pacífico. Varón explicó que la movilización busca visibilizar el impacto real del aumento en la vida cotidiana de miles de usuarios. Indicó que se espera una amplia participación de juntas de acción comunal, veedurías ciudadanas y organizaciones sociales. El objetivo es ejercer presión legítima sobre la administración municipal. La consigna central será la defensa del derecho a una movilidad digna. Los organizadores reiteraron el carácter pacífico de la jornada.
Desde el gremio transportador también se han escuchado voces críticas frente al manejo institucional del tema. José Edison Pava rechazó declaraciones de la Secretaría de Movilidad que, a su juicio, estigmatizan a quienes se oponen al aumento. El dirigente afirmó que los ciudadanos no pueden ser señalados por exigir tarifas justas. Advirtió que el incremento podría incentivar el transporte ilegal y profundizar la crisis del sistema. Para el gremio, la ausencia de diálogo ha alimentado el descontento generalizado. Pava pidió respeto hacia la ciudadanía movilizada. Aseguró que el problema no se resuelve con medidas impositivas. La situación requiere soluciones estructurales.
Ante la cercanía del paro, el Comando Unitario del Tolima extendió una invitación formal a la alcaldesa Johana Ximena Aranda para instalar una mesa de concertación antes del 28 de enero. Los sindicatos consideran que aún hay margen para el diálogo y la construcción de acuerdos. Entre las propuestas planteadas se encuentra la implementación de tarifas diferenciales para poblaciones vulnerables. Estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad serían los principales beneficiarios. La iniciativa busca equilibrar sostenibilidad financiera y justicia social. De no lograrse avances, advierten que las movilizaciones podrían prolongarse. El paro sería apenas el inicio de un ciclo de protestas.
El debate por el alza del pasaje ha abierto una discusión más amplia sobre la calidad de vida en Ibagué y la gestión pública del transporte. Los ciudadanos denuncian extensas jornadas laborales para los conductores y esquemas de pago que afectan la seguridad vial. Para muchas familias, pagar varios pasajes diarios representa un gasto imposible de asumir. Las centrales obreras anunciaron que permanecerán en asamblea permanente. Se evalúan nuevas acciones de protesta y escenarios de movilización. La expectativa ciudadana se mantiene frente a una respuesta oficial. El tema domina la conversación pública local.
Finalmente, se conoció que las autoridades de policía preparan dispositivos de seguridad para acompañar la jornada del 28 de enero. No obstante, los líderes sociales insisten en que la mejor garantía de orden es el diálogo abierto y oportuno. Ibagué se prepara para una posible parálisis parcial de la movilidad y algunas actividades económicas. La fecha se perfila como un termómetro clave para la gobernabilidad local. El desenlace del conflicto marcará la relación entre la administración y los movimientos sociales. La ciudad observa con atención los próximos pronunciamientos oficiales. El rechazo al alza del pasaje ha unido a amplios sectores ciudadanos.
