Una joven ibaguereña asegura ser víctima de golpizas, aborto forzado, despojo de bienes, incendio de su motocicleta y ataques con arma de fuego contra su vivienda. Su familia pide intervención urgente de las autoridades y protección inmediata para ella y sus hijos.
La ciudad de Ibagué enfrenta un nuevo caso de violencia extrema que ha encendido las alarmas de organizaciones ciudadanas y entidades de protección. Una joven de 21 años, identificada como Michelle, denunció haber sido víctima de un brutal ciclo de agresiones físicas, psicológicas y económicas, presuntamente perpetradas por un hombre con quien sostuvo una relación durante los últimos meses. Su historia refleja un patrón de violencia escalonado que, según su familia, se intensificó hasta poner en riesgo su vida y la de sus dos hijos pequeños. Los hechos, revelados a través de un testimonio entregado a El Irreverente Ibagué, ya reposan en la Fiscalía.
Los antecedentes de este caso se remontan al regreso de Michelle al país hace aproximadamente tres meses, tras residir temporalmente en España. Fue entonces cuando conoció al presunto agresor, Fernando Molina, de 22 años, en una discoteca de la ciudad. A partir de ese encuentro, se habría desencadenado un proceso de manipulación afectiva que rápidamente derivó en violencia física y psicológica. La familia de la víctima asegura que ella fue presionada para entregar bienes personales, recibir golpes y vivir bajo amenazas constantes que la hicieron temer por su integridad.
Uno de los episodios más graves relatados por la familia tiene que ver con un embarazo que la joven habría perdido como consecuencia de una fuerte golpiza. El hecho estaría respaldado por una historia clínica que confirma el aborto, situación que agrava la naturaleza de las agresiones y podría constituir un delito con agravantes. A pesar del impacto emocional y físico, Michelle no presentó denuncia en ese momento por temor a nuevas represalias. Su silencio, aseguran allegados, fue producto de un control psicológico que se fue intensificando con el paso de los días.
La denuncia formal solo fue instaurada recientemente, y pocas horas después de hacerlo, se registró el primer ataque directo contra sus bienes materiales. Las cámaras de seguridad de la zona captaron a dos hombres que llegaron al lugar donde estaba estacionada su motocicleta, la inspeccionaron, rociaron gasolina sobre ella y le prendieron fuego. Según testigos, la acción fue premeditada y ejecutada en cuestión de segundos. El material audiovisual ya se encuentra en manos de la Policía Metropolitana y de la Fiscalía, que investigan la participación del presunto agresor.
Como si lo anterior no fuera suficiente, mientras Michelle rendía declaración en la Fiscalía por el incendio, se produjo un segundo ataque que puso en evidencia el nivel de riesgo al que está expuesta. Varias detonaciones de arma de fuego fueron escuchadas por los vecinos en la vivienda donde ella residía temporalmente. Al llegar al sitio, acompañada de funcionarios, se encontraron impactos en la puerta principal y en la ventana de la habitación, así como casquillos en el piso. Para la familia, este hecho demuestra que las agresiones tienen una escalada peligrosa y buscan intimidarla o incluso atentar contra su vida.
La familia de la joven sostiene que en su poder reposan audios donde el presunto agresor la amenaza directamente, asegurando que “le hará daño donde más le duela”. Además, señalaron que el hombre tendría presuntos vínculos con prácticas de brujería y manipulación de terceros, lo que aumenta el temor de que pueda influir en personas de su entorno para perpetrar nuevas agresiones. Por esta razón, se ha pedido a las autoridades investigar también posibles cómplices que habrían participado en los ataques registrados.
Michelle es madre de dos niños pequeños, lo que incrementa la preocupación sobre la vulnerabilidad del núcleo familiar. Desde que comenzó la denuncia, teme regresar a su vivienda por el riesgo evidente de nuevos ataques. Vecinos del sector aseguran haber visto al presunto agresor merodeando la zona, razón por la cual la familia ha solicitado acompañamiento permanente de la Patrulla Púrpura de la Policía. Sin embargo, consideran que las medidas de protección aún son insuficientes para evitar que se presente una tragedia.
La madre de la joven hizo un llamado desesperado a las autoridades para que actúen de manera inmediata. “Yo no duermo pensando si mi hija está bien. Él ya quemó la moto, disparó a la casa y la amenaza. Yo temo que le haga algo peor”, expresó entre lágrimas. La familia exige protección total, aceleración del proceso judicial y la activación urgente de rutas de atención para víctimas de violencia basada en género. Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos piden que este caso no se convierta en otro episodio de impunidad.
