La Fiscalía confirmó la legalización de la detención de los presuntos responsables del ataque cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, que también dejó más de 70 heridos.
Colombia continúa consternada por el atentado ocurrido el pasado jueves 21 de agosto en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali, un hecho violento que dejó un saldo de seis personas muertas y más de 70 heridas. Este ataque, catalogado como uno de los más graves en los últimos años en la capital del Valle del Cauca, generó un amplio rechazo nacional e internacional.
En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación confirmó la legalización de la captura de Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre, señalados como presuntos responsables del atentado. Ambos detenidos enfrentarán cargos por terrorismo, homicidio agravado y concierto para delinquir, delitos que podrían acarrearles penas superiores a los 40 años de prisión.
Según las autoridades, el ataque ha sido atribuido a la estructura Jaime Martínez, una facción de las disidencias de las FARC que opera en el suroccidente del país y que ha sido responsable de múltiples acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil. Este hecho confirma la presencia activa de estos grupos en zonas estratégicas del Valle del Cauca.
El atentado se registró hacia las 2:50 de la tarde, cuando un camión cargado con explosivos tipo tatuco fue detonado en la Carrera Octava, en cercanías a la base aérea Marco Fidel Suárez. La explosión generó una devastadora onda expansiva que destruyó viviendas, locales comerciales y vehículos, afectando gravemente una zona de alta circulación.
Entre las víctimas fatales se encontraban un taxista, una docente, un joven padre de familia, un supervisor de comedores comunitarios, un menor de edad y una mujer embarazada. La magnitud del ataque y la pérdida de vidas inocentes han causado indignación en todo el país, mientras las autoridades adelantan acciones para dar con el paradero de otros presuntos implicados.
La captura de los dos sospechosos fue posible gracias a la rápida reacción de la comunidad y la Policía, quienes lograron detenerlos en flagrancia tras el atentado. Durante la audiencia de control de garantías, la Fiscalía presentó material probatorio como testimonios, análisis forenses de explosivos, videos de cámaras de seguridad y trazabilidad de comunicaciones que comprometerían a los acusados.
El juez avaló la legalidad del procedimiento y la imputación de cargos, considerando que existían pruebas suficientes que los vinculan con la ejecución del atentado. Los señalados permanecerán bajo medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. La Fiscalía reiteró que no habrá beneficios judiciales para quienes atenten contra la vida de la población civil.
El caso sigue bajo investigación, mientras las autoridades intensifican los operativos contra la estructura Jaime Martínez, responsable de varias acciones violentas en el suroccidente del país. El Gobierno Nacional anunció medidas adicionales de seguridad para prevenir nuevos atentados, reforzar la presencia militar en la zona y garantizar la protección de los ciudadanos.
