Dos campesinos de la vereda Tuamo, en Rovira, recuperaron su libertad tras ser señalados por el ministro de Defensa de pertenecer a un grupo armado y de amenazar a la gobernadora del Tolima. La investigación determinó que no había pruebas en su contra, generando preocupación por un posible caso de estigmatización rural.
Dos jóvenes campesinos de la vereda Tuamo, en el municipio de Rovira, recobraron su libertad después de varios días de incertidumbre, señalamientos públicos y una captura que estremeció a la comunidad rural. Los jóvenes habían sido presentados como integrantes de un grupo armado que presuntamente amenazó a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, pero las autoridades determinaron que no existían pruebas que los vincularan con actividades ilegales. Su liberación ha reavivado el debate sobre los riesgos de las acusaciones sin sustento en contextos rurales históricamente vulnerables.
La controversia se desató cuando el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, publicó en su cuenta de X la captura de los dos muchachos, asegurando que se trataba de presuntos responsables de las amenazas enviadas contra la mandataria departamental. El anuncio fue replicado masivamente en redes sociales y medios locales, generando un ambiente de alarma y fortaleciendo la percepción de que los jóvenes pertenecían a una estructura disidente que operaba en el sur del Tolima. Sin embargo, la investigación reveló que no había evidencia que soportara estas afirmaciones.
Según información oficial, el propietario de la finca donde trabajaban los jóvenes asumió su defensa y contrató un abogado que logró demostrar ante la Fiscalía que no existían elementos que los relacionaran con grupos armados. Las pruebas recolectadas indicaron que los campesinos se encontraban realizando labores agrícolas en el momento señalado y que no tenían antecedentes ni nexos con organizaciones al margen de la ley. Con estos elementos, la autoridad judicial determinó su libertad mientras continúa el proceso.
El caso generó fuertes cuestionamientos, especialmente porque la gobernadora del Tolima había mencionado públicamente a los jóvenes en redes sociales, lo que intensificó la estigmatización y el rechazo social hacia ellos y hacia la comunidad campesina de la zona. Organizaciones rurales han advertido que este tipo de señalamientos políticos pueden poner en riesgo la integridad de personas inocentes y deteriorar las relaciones entre las instituciones y las comunidades del territorio.
Vecinos y familiares expresaron su indignación ante lo ocurrido y exigieron una rectificación pública por parte de las autoridades, argumentando que las acusaciones afectaron el buen nombre de los jóvenes y vulneraron sus derechos fundamentales. Manifestaron que en las zonas rurales existe temor de que situaciones como esta se repitan, especialmente en un contexto donde la presencia institucional es limitada y los estigmas suelen construirse sin evidencias claras. El daño reputacional, aseguran, es difícil de revertir.
“Ellos son trabajadores del campo, no criminales. Pedimos justicia y que no los sigan señalando”, expresó uno de los habitantes de la vereda, quien también pidió acompañamiento institucional para garantizar la seguridad de los jóvenes. Aseguró que la comunidad ha vivido momentos de tensión tras las acusaciones y que aún temen represalias o nuevas confusiones por parte de las autoridades. La voz de los vecinos refleja una preocupación extendida: evitar que la ruralidad sea criminalizada sin fundamento.
La investigación de la Fiscalía dejó en claro que los jóvenes no tenían relación alguna con grupos armados y que las acusaciones carecían del soporte necesario para justificar su captura. Esto ha llevado a organizaciones defensoras de derechos humanos a advertir sobre la necesidad de revisar los protocolos de identificación y difusión de información de seguridad. Señalan que los escenarios de error estatal o “falsos positivos judiciales” pueden tener impactos graves en la vida de las personas y en la confianza ciudadana.
Finalmente, la comunidad de Tuamo solicitó garantías para proteger la integridad de los jóvenes y restaurar la tranquilidad en el sector. Pidieron mayor rigor en la verificación de información y un compromiso institucional para evitar que hechos similares se repitan. Mientras tanto, los campesinos continúan su vida en medio de la expectativa por el curso del proceso y del llamado a que su caso sea un precedente para no estigmatizar la ruralidad sin pruebas sólidas.
