El jefe de Estado Gustavo Petro confirmó que convocará, vía decreto, a una consulta popular, luego de que el Congreso rechazara en mayo la realización del referendo en una votación que el mandatario califica como “fraudulenta”.
El presidente defendió la idea de sacar adelante la consulta popular por decreto al considerar que el Senado hizo trampa en la votación.
El mandatario ya había advertido que acudiría a la vía decreto si el Senado no se pronunciaba antes del 1 de junio sobre ese tema.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también defendió el llamado a una consulta popular adelantó en una declaración a medios que, una vez emitido el decreto presidencial, la consulta popular se llevará a cabo «a finales de julio o principios de agosto».
La semana pasada, miles de personas acudieron a un llamado del gobierno y marcharon en varias ciudades del país para defender la iniciativa de referendo, aunque la convocatoria fue menor a la esperada.
«¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República. Hicieron trampa», señaló el mandatario el martes.
Petro alega que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, cerró las votaciones sobre el llamado a consulta popular antes de que todos los congresistas sufragaran.
Respaldo de unos, rechazo de otros:
El comité político del Pacto Histórico manifestó su respaldo a la decisión del presidente Gustavo Petro de convocar por decreto a la consulta popular.
“Como bancada de gobierno respaldamos al presidente y nos colocamos del lado del pueblo de Colombia y sus legítimos derechos democráticos”.
Desde la colectividad insisten en que este mecanismo es “la respuesta constitucional a un bloqueo institucional vergonzoso y a un procedimiento legislativo viciado”.
Ante el anuncio, ocho partidos políticos se pronunciaron en contra de aquella medida: Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y ASI; los cuales también hicieron un llamado a las altas Cortes, órganos de control y autoridades electorales, para que “actúen con independencia y defiendan la Constitución”.
