La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, denunció que disidencias de las FARC utilizan a la población civil, niños y campesinos como escudos humanos en Ataco para obstaculizar operativos contra la minería ilegal. Denunció agresiones contra 13 uniformados, mientras ratificó su respaldo total a las Fuerzas Armadas.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, alzó su voz de denuncia ante el grave accionar de las disidencias de las FARC en el municipio de Ataco, específicamente en la zona de Santiago Pérez.
Según la mandataria, estos grupos armados estarían utilizando de forma inhumana a civiles para proteger el multimillonario negocio de la minería ilegal de oro.A través de sus redes sociales, Matiz calificó como “inhumana, cobarde y vil” la estrategia de las disidencias y de todos aquellos que se benefician del ilícito. Los grupos estarían colocando a niños, campesinos y población civil en la vía a Las Señoritas y Puente Amarillo para torpedear las operaciones militares y policiales.
La gobernadora destacó que, pese a la intensidad de los operativos contra la minería ilegal en la región, hasta el momento no se registra afectación alguna a la población civil. Sin embargo, lamentó las agresiones sufridas por miembros de la Fuerza Pública durante las manifestaciones.
Según el reporte de la mandataria, un oficial, dos suboficiales y diez soldados fueron agredidos y golpeados por manifestantes en la tarde del miércoles. Matiz expresó su solidaridad total con los uniformados afectados y les agradeció su valentía y entrega en la defensa de la legalidad.
“Total respaldo a nuestras Fuerzas Armadas en su valiente labor, siempre en el marco del respeto a los derechos ciudadanos”, escribió la gobernadora. Reafirmó el compromiso del departamento con las operaciones que adelantan el Ejército, la Policía y la Fuerza Aeroespacial en el sur del Tolima.
La denuncia de Adriana Matiz pone en evidencia la compleja situación de orden público que enfrenta la región sur del departamento, donde la minería ilegal no solo genera daño ambiental, sino que también utiliza a la población como instrumento para confrontar a las autoridades.
La gobernadora hizo un llamado implícito a la comunidad nacional para rechazar estas prácticas y respaldar la labor de las instituciones encargadas de combatir los flagelos que afectan la seguridad y el desarrollo del Tolima.
