La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, respaldó la decisión de la Corte Constitucional que suspendió el decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional y advirtió que la solución al déficit fiscal no puede recaer sobre los recursos de los departamentos.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se pronunció frente a la decisión de la Corte Constitucional de suspender los efectos del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional, al considerar que dicha medida protege la Constitución Política y salvaguarda la autonomía de las entidades territoriales. Según la mandataria, el decreto representaba un riesgo para las finanzas regionales y para la inversión social en los departamentos.
Matiz aseguró que la iniciativa del Gobierno central buscaba, en la práctica, concentrar recursos para cubrir el déficit fiscal del nivel nacional, trasladando la carga económica a las regiones. A su juicio, este tipo de decisiones desconoce el papel de los territorios y afecta directamente la capacidad de los departamentos para atender las necesidades básicas de sus comunidades.
La gobernadora explicó que, de haberse mantenido el decreto, el Tolima habría sufrido una afectación inicial superior a los 20 mil millones de pesos. Estos recursos, provenientes principalmente de los ingresos por licores y cigarrillos, son fundamentales para financiar programas estratégicos en sectores como salud, educación y deporte en los municipios del departamento.
En ese sentido, advirtió que cualquier disminución en estas rentas impacta de manera directa a la población más vulnerable, pues se trata de fondos que sostienen servicios esenciales y proyectos sociales. Para Matiz, no es admisible que decisiones adoptadas desde el nivel central terminen debilitando la gestión local y el desarrollo regional.
Frente a los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro sobre las consecuencias de la suspensión del decreto, la mandataria fue enfática en señalar que, si el Gobierno Nacional enfrenta dificultades fiscales, debe empezar por revisar su propia estructura de gasto. En particular, cuestionó el crecimiento de la burocracia y la ampliación de las nóminas en entidades del orden nacional.
La gobernadora insistió en que la creación de nuevos cargos y el aumento del aparato administrativo no pueden justificarse mientras se plantea reducir recursos que pertenecen a los departamentos. A su juicio, la austeridad debe comenzar en el nivel central y no trasladarse a las regiones, que ya enfrentan múltiples retos sociales y económicos.
Matiz también indicó que los departamentos esperan ser escuchados en el proceso que continúa en la Corte Constitucional. Señaló que las regiones confían en que el alto tribunal mantenga una postura firme en defensa del orden constitucional y de la autonomía territorial consagrada en la Carta Política.
Finalmente, la mandataria concluyó que la suspensión del decreto representa un triunfo de la Constitución y de las regiones del país. Reiteró que no se puede aceptar que decisiones tomadas desde Bogotá afecten la inversión social y el desarrollo de los territorios, y afirmó que el Tolima seguirá defendiendo sus recursos y los derechos de sus habitantes.
