El ministro Daniel Rojas Medellín anunció visitas de inspección al Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional y al Conservatorio del Tolima tras recibir denuncias sobre el presunto uso político de estas instituciones. La Ministerio de Educación Nacional activó el protocolo de verificación.
Una nueva controversia sacude al sector educativo del Tolima luego de que el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, revelara en su cuenta oficial de X que ha recibido múltiples denuncias relacionadas con el presunto uso indebido de instituciones de educación superior con fines políticos.
Según el pronunciamiento público, entre las entidades mencionadas se encuentran el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) y el Conservatorio del Tolima, ambas con sede en el departamento y con amplia trayectoria académica en la región.
Ante la gravedad de los señalamientos, el ministro informó que solicitó formalmente a la Oficina de Inspección y Vigilancia adelantar las visitas correspondientes para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de educación superior.
En documentos oficiales fechados el 20 de febrero de 2026, la Subdirección de Inspección y Vigilancia programó visitas técnicas a las instalaciones del ITFIP para los días 24 y 25 de febrero, mientras que en el Conservatorio del Tolima se realizarán el 3 y 4 de marzo.
Las comunicaciones, firmadas por el subdirector técnico Harold Antonio Hernandez Molina, señalan que las jornadas buscan verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias conforme a la Ley 1740 de 2014 y el Decreto 2269 de 2023.
En su mensaje, el ministro reiteró que la inspección tiene como propósito recepcionar denuncias de la comunidad académica y de la ciudadanía en general, así como garantizar la transparencia en el manejo de recursos y la autonomía institucional.
La situación se da en medio de un contexto político sensible en el departamento, lo que ha generado reacciones en distintos sectores educativos y sociales que esperan claridad frente a los hechos denunciados.
Desde el Ministerio se insistió en que la prioridad es proteger la integridad del sistema de educación superior y asegurar que las instituciones públicas se mantengan al margen de cualquier actividad que contravenga la ley o afecte la confianza ciudadana.
