Cortolima denunció que grupos armados organizados controlan la extracción ilícita de oro en Ataco, donde la situación ambiental y de orden público supera la capacidad de respuesta local. La entidad pidió la activación urgente de un Puesto de Mando Unificado con intervención del Gobierno Nacional.
La minería ilegal en el municipio de Ataco, sur del Tolima, alcanzó un nivel crítico que supera la capacidad de respuesta de las autoridades regionales. Así lo advirtió Cortolima, que confirmó que estructuras armadas organizadas se han tomado amplias zonas rurales para impulsar y proteger la extracción ilícita de oro. Según la corporación ambiental, la situación pone en riesgo la estabilidad social, la seguridad ciudadana y la integridad de los ecosistemas que históricamente han sostenido la economía campesina y la biodiversidad del territorio.
Durante los últimos seis meses, Cortolima, en articulación con el Ejército y la Policía, desarrolló cuatro operativos contra la minería ilegal en diferentes sectores de Ataco. Sin embargo, las acciones institucionales se han visto enfrentadas a una resistencia masiva por parte de quienes operan estas actividades extractivas. En uno de los procedimientos, más de 500 personas bloquearon la intervención de las autoridades e impidieron la destrucción de maquinaria pesada utilizada para remover tierra y arenas auríferas.
La entidad explicó que esta presión social, sumada al respaldo de grupos armados, muestra un escenario complejo que trasciende la capacidad de manejo local. De acuerdo con Cortolima, la minería ilegal en Ataco se ha convertido en un fenómeno que combina economías criminales, deterioro ecológico y amenazas directas contra funcionarios. Por ello, recalcaron que la crisis requiere un acompañamiento integral del Gobierno Nacional y de las instituciones con competencia en orden público y justicia ambiental.
Con preocupación, la corporación ambiental reveló que sus técnicos y profesionales ya no pueden ingresar a las zonas afectadas sin acompañamiento del Ejército o de la Policía. La presencia de actores armados ilegales, quienes ejercen control territorial y económico sobre estas actividades, ha incrementado el riesgo para el personal institucional. Esta situación no solo dificulta la inspección, vigilancia y control, sino que compromete la efectividad de las medidas ambientales para mitigar el daño causado.
Ante este panorama, Cortolima elevó una alerta nacional y envió un informe detallado al Ministerio de Defensa, Ministerio de Ambiente, Procuraduría, Fiscalía General de la Nación, Ejército, Policía y Fuerza Aérea. El documento recopila evidencias del crecimiento acelerado de la minería ilegal, la consolidación de grupos armados en la zona y la destrucción de fuentes hídricas, bosques y suelos que dependen del equilibrio ecológico de las cuencas del sur del Tolima.
Como parte de las soluciones, la corporación solicitó la creación inmediata de un Puesto de Mando Unificado (PMU) de carácter interinstitucional para coordinar acciones urgentes. Este mecanismo, según Cortolima, permitiría unificar esfuerzos entre entidades civiles y militares, optimizar los recursos disponibles y establecer una estrategia contundente frente a las redes de explotación mineral ilegal. La propuesta incluye no solo control territorial sino también programas de transición económica para comunidades vulnerables.
Además de Ataco, la autoridad ambiental advirtió que otros municipios del sur del Tolima enfrentan riesgos similares por la expansión rápida de la actividad minera ilegal. La corporación señaló que los controles debilitados y la presencia de estructuras criminales podrían reproducir el fenómeno en localidades vecinas, generando un impacto ambiental acumulado que afectaría cuencas compartidas, zonas agrícolas y procesos comunitarios en curso.
Por ello, Cortolima insistió en la necesidad de una intervención integral que no se limite a operativos esporádicos, sino que priorice una acción sostenida en defensa del ambiente y la seguridad regional. La entidad concluyó que solo con presencia estatal reforzada, justicia efectiva y alternativas económicas para las comunidades será posible frenar el avance de la minería ilegal que hoy tiene en jaque a Ataco y amenaza con extenderse por todo el sur del departamento.
