El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo precisó que su cartera no tiene injerencia en las decisiones del fondo de los maestros y reafirmó la necesidad de eliminar la intermediación privada en el sistema nacional.
El Ministerio de Salud y Protección Social emitió un comunicado oficial este 17 de diciembre para aclarar su posición frente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). La entidad precisó que, bajo el marco legal vigente, no integra el Consejo Directivo de dicho fondo ni participa en su toma de decisiones operativas. Esta aclaración surge con el fin de evitar interpretaciones erróneas sobre una supuesta subordinación del régimen especial de los docentes a las normas generales del Ministerio. Según la Ley 91 de 1989, el sistema de salud de los educadores es un régimen exceptuado con autonomía jurídica propia e independiente. Por tanto, la cartera de salud carece de voz, voto o facultad resolutoria en la definición de coberturas o modelos de contratación del magisterio. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo reiteró que cualquier interacción con el fondo se limita exclusivamente a la prestación de asistencia técnica armónica.
En paralelo a estas aclaraciones técnicas, el ministro Jaramillo lideró el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño para analizar la ejecución presupuestal con corte a noviembre de 2025. Durante este espacio, el alto funcionario aprovechó para defender nuevamente los pilares fundamentales de la Reforma a la Salud que se debate en el Congreso. Jaramillo manifestó ante la opinión pública que el eje central de la propuesta es evitar que particulares sigan manejando los dineros del sistema. El objetivo es garantizar que los recursos lleguen directamente a los hospitales y clínicas para que se realicen pagos de manera oportuna. Según el ministro, esta transformación es el único camino para asegurar una atención digna y que los medicamentos se entreguen a tiempo. El Gobierno busca que el presupuesto público sea administrado con total transparencia y eficiencia en beneficio directo de todos los pacientes del país.
Sin embargo, el panorama legislativo para esta reestructuración enfrenta obstáculos significativos en la Cámara Alta, según denunció el propio jefe de la cartera de salud. Jaramillo afirmó que el Senado de la República está cerrando las posibilidades de que el sistema sanitario colombiano experimente una transformación realmente profunda. Para el Gobierno, esta reforma no es opcional, sino una necesidad orientada a garantizar un derecho fundamental bajo condiciones de equidad nacional. El ministro lamentó que los debates actuales no permitan avanzar hacia el modelo de salud digna que el pueblo colombiano merece recibir. A pesar de la resistencia, el Ministerio reafirmó su compromiso con el cumplimiento del plan estratégico sectorial evaluado durante el tercer trimestre. La administración insiste en que la salud debe dejar de ser vista como un negocio privado para priorizar el bienestar social. El bloqueo en el Senado pone en riesgo, según el ejecutivo, la sostenibilidad de los centros asistenciales públicos.
Respecto a la estructura del FOMAG, el Ministerio recordó que su Consejo Directivo está integrado exclusivamente por los ministerios de Educación, Hacienda y Trabajo. También participan en dicha instancia directiva los representantes del Magisterio, quienes definen de manera autónoma las condiciones de prestación de servicios. El Ministerio de Salud enfatizó que su rol no supone injerencia alguna en las decisiones que competen exclusivamente a estos actores institucionales. Esta precisión es vital para la claridad pública y el respeto estricto de las competencias asignadas por ley a cada entidad estatal. La aclaración fue enviada formalmente a la ciudadanía y a la Procuraduría General de la Nación para despejar dudas legales. El respeto a los regímenes especiales legalmente establecidos es una prioridad para mantener la armonía operativa del sector. De esta forma, se busca deslindar responsabilidades administrativas sobre la gestión actual de la salud de los docentes colombianos.
En cuanto a la gestión interna, el Comité de Desempeño verificó los avances del sector administrativo de salud durante el último periodo del año 2025. Se revisaron detalladamente los indicadores de cumplimiento del plan estratégico para asegurar que la protección social llegue a los territorios más vulnerables. El ministro destacó que, a pesar de las limitaciones del sistema actual, su cartera trabaja para optimizar el presupuesto disponible actualmente. La verificación del tercer trimestre arrojó datos clave sobre la eficiencia en la ejecución de programas de prevención y atención primaria. El Gobierno nacional mantiene su bandera de cuidado bajo la consigna de que cada ciudadano tenga quien lo proteja efectivamente. La agenda estratégica busca fortalecer la red pública hospitalaria antes de que termine la vigencia fiscal del presente año. Estos espacios de control interno son fundamentales para garantizar la transparencia institucional en el manejo de los fondos públicos.
La defensa de la reforma se mantiene firme bajo la premisa de que «el pueblo merece salud con dignidad», eslogan que Jaramillo promueve activamente. El ministro insiste en que la transición hacia un modelo sin intermediarios financieros es la solución estructural a la crisis de deudas hospitalarias. Al eliminar el manejo de recursos por parte de particulares, se evitaría el desvío de dineros destinados originalmente a la prestación del servicio. El debate público continúa centrado en si el Estado tiene la capacidad logística para asumir la gestión total que propone la reforma. Mientras tanto, las clínicas y hospitales siguen reclamando un flujo constante de recursos para no entrar en cese de actividades. El Ministerio asegura que la reestructuración dotará al sistema de las herramientas necesarias para responder a estas exigencias de liquidez. La disputa política en el Congreso marcará el rumbo de la salud colombiana para las próximas décadas de administración.
Finalmente, el Ministerio de Salud reiteró su compromiso con la transparencia institucional y el respeto por la autonomía de los regímenes especiales existentes. La aclaración sobre el FOMAG busca proteger la integridad de la cartera frente a posibles demandas o quejas por servicios que no controla directamente. El ministro Jaramillo concluyó que su gestión se enfoca en cumplir las leyes vigentes mientras lucha por transformarlas en favor del ciudadano común. El balance de ejecución presupuestal al 30 de noviembre muestra una dinámica activa, a pesar de las tensiones políticas que rodean al sector. Los retos para el 2026 incluyen estabilizar la red de prestadores y superar el estancamiento legislativo que impide la reforma profunda. La protección social sigue siendo el eje transversal de todas las acciones lideradas por el Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo hoy. El compromiso con la legalidad y la eficiencia presupuestal define el cierre de actividades de la actual vigencia ministerial.
Se espera que en las próximas semanas el Senado reabra el espacio para discutir los artículos de la reforma que han generado mayor discordia. El Ministerio de Salud continuará brindando la información técnica necesaria para sustentar por qué el cambio de modelo es urgente para la nación. La participación ciudadana en estos procesos de transformación es vital para legitimar las decisiones que se tomen en el órgano legislativo nacional. El camino hacia una salud con dignidad requiere, según el Gobierno, un pacto nacional que ponga fin al manejo privado de los fondos. Por ahora, el sector administrativo se prepara para el cierre del año con un seguimiento riguroso a cada peso invertido en salud. La vigilancia de la Procuraduría y otros entes de control asegura que la gestión se mantenga dentro de los límites constitucionales. El futuro del sistema sanitario sigue en manos de los consensos que logren el Ejecutivo y el Legislativo próximamente.
