El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, alertó que la EPS Sanitas no cumple con el capital mínimo, patrimonio ni reservas técnicas exigidas por la ley, a pesar de que la Corte Constitucional ordenó devolver su control a los dueños.
El Gobierno nacional volvió a encender las alarmas sobre la situación financiera de la EPS Sanitas, una de las entidades más grandes del sistema de salud en Colombia. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que, tras una evaluación reciente, se comprobó que la EPS sigue sin cumplir con los requisitos de capital, patrimonio y reservas técnicas que exige la normatividad vigente.
Esta advertencia llega pocos días después de que la Corte Constitucional ordenara devolver Sanitas a sus propietarios, tras concluir que la intervención realizada por la Superintendencia de Salud no respetó el debido proceso. Sin embargo, el fallo no tuvo en cuenta la crítica situación financiera que hoy preocupa a las autoridades sanitarias y a los más de 5,6 millones de usuarios de la entidad.
De acuerdo con Jaramillo, las cifras revelan un déficit considerable que compromete la estabilidad de la EPS y pone en riesgo la prestación oportuna y de calidad de los servicios de salud. “Nuestra obligación es garantizar que las entidades funcionen bajo condiciones económicas sólidas; de lo contrario, los principales afectados serán los pacientes”, subrayó.
El jefe de la cartera de Salud insistió en que cumplir con la sentencia de la Corte no exime a Sanitas de su responsabilidad financiera. A su juicio, permitir la operación de entidades sin respaldo económico suficiente equivale a exponer la vida de los usuarios a riesgos innecesarios. Por ello, el Gobierno anunció un monitoreo constante y medidas de vigilancia especial.
El ministro también advirtió que la crisis de Sanitas no es un hecho aislado. Varias EPS presentan dificultades similares que reflejan debilidades estructurales del modelo de aseguramiento. En ese contexto, la actual coyuntura se convierte en un argumento más a favor de la reforma a la salud que impulsa el Ejecutivo en el Congreso.
La decisión de la Corte Constitucional, que priorizó el debido proceso en el caso de Sanitas, dejó abierta la discusión sobre cómo balancear el respeto a las garantías legales con la necesidad de asegurar la sostenibilidad financiera del sistema. Expertos advierten que, si no se corrigen estas fallas, el país podría enfrentar un colapso en la atención en salud.
Jaramillo precisó que la situación exige medidas técnicas y no decisiones políticas. Según explicó, los reportes financieros demuestran insuficiencia de capital y déficit patrimonial que deben ser superados para que la EPS continúe operando sin poner en peligro a sus afiliados. “No es un capricho, es un asunto de responsabilidad con la vida de los colombianos”, enfatizó.
Ante la incertidumbre, el Ministerio de Salud reiteró que la prioridad es proteger la continuidad de los tratamientos y garantizar que los usuarios no sufran interrupciones en la atención. Al mismo tiempo, se estudian alternativas que fortalezcan el sistema y eviten que crisis como la de Sanitas se repitan.
