En un debate de control político en el Senado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, denunció prácticas preocupantes en algunas EPS que habrían facturado servicios de salud a nombre de personas fallecidas, lo que implicaría un presunto detrimento de cerca de 1,5 billones de pesos y evidencia la necesidad de mayor control y transparencia en el sistema de salud colombiano.
Durante su intervención en el debate de control político sobre la declaratoria de emergencia económica en el Senado de la República, el ministro de Salud, Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo, alertó sobre graves irregularidades en el manejo de los recursos del sistema de salud. El funcionario afirmó que ciertas prácticas administrativas y de facturación por parte de algunas Entidades Promotoras de Salud (EPS) han generado preocupación dada su magnitud y posible impacto financiero para el sector.
Jaramillo señaló que entre los casos detectados se encuentra la facturación de servicios de salud a nombre de personas que ya han fallecido, algo que, según los análisis presentados por su cartera, afectaría a más de 308.000 registros dentro del sistema. Estos servicios, según los datos preliminares, habrían implicado un movimiento de recursos cercano a 1,5 billones de pesos durante varios años.
El ministro explicó que este tipo de irregularidades no es un fenómeno aislado, sino parte de una serie de prácticas identificadas en informes técnicos que también muestran sobrecostos en medicamentos y procedimientos, lo que evidencia problemas estructurales en la gestión de las EPS. Entre 2020 y 2023 se habrían registrado más de 274.000 personas fallecidas con servicios médicos facturados que no corresponden a atenciones reales, lo que ha motivado investigaciones adicionales.
Aunque Jaramillo no mencionó públicamente las entidades específicas implicadas en estas irregularidades durante el debate, informes oficiales previos del sector señalan a grandes EPS con cifras relevantes en facturación de servicios a personas fallecidas, lo que ha llevado a la apertura de procesos sancionatorios y posibles denuncias penales.
La denuncia del ministro forma parte de un llamado más amplio del Gobierno Nacional para fortalecer los mecanismos de control, supervisión y transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a la salud, dado que estos fondos deben garantizar la atención efectiva de los pacientes. El desgaste financiero y operativo de muchas EPS ha sido tema recurrente en el debate público sobre la sostenibilidad del sistema.
Expertos consultados han señalado que la facturación indebida a fallecidos no solo representa un posible detrimento patrimonial, sino que también refleja problemas en la interoperabilidad de bases de datos entre EPS, ADRES y la Registraduría, así como deficiencias en la actualización de la información de afiliados.
El ministro Jaramillo enfatizó que estas irregularidades deben abordarse con rigor y transparencia, impulsando reformas institucionales y tecnológicas para evitar que los recursos destinados a la salud terminen desvíandose o utilizándose de forma indebida. Su intervención también subrayó la necesidad de contar con mecanismos de sanción más efectivos para garantizar el derecho a la salud de los colombianos.
Finalmente, la denuncia ministerial fue recibida con interés por parte de varios congresistas presentes en el debate, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer las acciones de control y fiscalización dentro del sistema de salud para proteger los recursos públicos y asegurar una atención oportuna y digna para todos los afiliados. Este llamado a la transparencia busca generar un clima de mayor confianza ciudadana en el manejo de los dineros públicos del sector.
