El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que Colombia requiere una reforma profunda para cerrar fugas de recursos, garantizar financiación y ordenar un sistema que enfrenta pasivos significativos y prácticas financieras cuestionables. La intervención del Congreso se considera indispensable para asegurar la sostenibilidad del derecho a la salud.
El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó en una entrevista reciente que Colombia necesita con urgencia una reforma al sistema de salud que “cierre fugas, garantice recursos y ponga orden donde hoy hay deudas por más de $25 billones”. Su pronunciamiento, realizado en medio del debate nacional sobre la viabilidad del sector, resaltó la importancia de tomar decisiones estructurales para evitar un colapso financiero y operativo en la prestación de servicios. La declaración genera expectativas y tensiones en sectores políticos y sociales que observan el proceso.
Jaramillo sostuvo que “la verdad está en los datos” y que las cifras del sistema muestran que no existe margen para mantener el status quo. Citó como ejemplo la existencia de pasivos acumulados que, según distintos reportes técnicos y del sector, superan ampliamente los montos manejados en ejercicios financieros anteriores. Este contexto, a su juicio, obliga a ajustar el modelo vigente para que los recursos lleguen de manera transparente a hospitales, clínicas y prestadores de salud en todo el país.
El jefe de la cartera agregó que “Colombia no puede esperar más”, pues mientras algunos actores defienden conservar lo mismo de siempre, el sistema de salud arrastra fallas que hoy se traducen en deudas que se tornan impagables. Afirmó que dichas brechas incluyen problemas estructurales de control y gestión financiera, como facturación a pacientes fallecidos, sobrecostos y otros mecanismos que desvían recursos del objetivo principal de la atención sanitaria.
Uno de los puntos más polémicos que expuso el ministro fue el hallazgo de más de $1,3 billones en servicios facturados a personas fallecidas y sobrecostos en medicamentos por valores superiores a los máximos regulatorios, cifras que han sido puestas en contexto por informes técnicos y audiencias públicas. Estas dinámicas financieras, dijo, distorsionan el uso de los recursos públicos y erosionan la confianza ciudadana en la gestión del sistema.
Jaramillo también defendió los avances de la administración, argumentando que estos desmienten los “discursos del miedo” que se han levantado en torno a la reforma. Aseguró que se han abierto servicios de pediatría y ginecobstetricia en varias regiones y que los recursos están llegando para fortalecer la capacidad hospitalaria, a pesar de las dificultades financieras. Estas acciones, explicó, forman parte de una estrategia más amplia para corregir desordenes acumulados en el sector.
El ministro enfatizó que “lo que está en juego no es un modelo, sino la sostenibilidad del derecho a la salud”. En ese sentido, llamó al Congreso de la República a avanzar con prontitud en la discusión de la reforma, subrayando que la falta de cambios estructurales podría agravar las tensiones financieras y operativas del sistema. La iniciativa, en su opinión, no solo busca recaudar más recursos, sino reorganizar el flujo de estos de manera eficaz y transparente.
La propuesta de reforma, según MinSalud, también contempla mecanismos de financiación adicionales y ajustes técnicos que permitan mejorar la gobernanza del sector. Esto incluye auditorías más rigurosas, mayor control sobre la trazabilidad de los recursos y la redefinición del papel de las EPS para que sirvan como gestoras de salud más eficientes y menos intermediarias financieras. La intención es que los recursos públicos se destinen directamente a servicios que impacten positivamente en la atención.
Este llamado a reformar el sistema de salud se produce en un contexto donde distintos actores institucionales, como la Contraloría General de la República y gobernadores regionales, han expresado preocupación por el nivel de endeudamiento de las EPS y los efectos que esto tiene en la prestación de servicios, especialmente en regiones donde los pasivos han provocado cierres de servicios especializados y dificultades operativas.
