La Misión de Observación Electoral en el Tolima radicó denuncia ante la Procuraduría Regional para que se determine si hubo participación indebida en política tras la visita del candidato presidencial Abelardo De la Espriella al Conservatorio del Tolima, específicamente en el Salón Alberto Castilla, hecho que ha generado debate ciudadano y cuestionamientos sobre la neutralidad institucional.
La Misión de Observación Electoral en el Tolima elevó una denuncia formal ante la Procuraduría Regional con el fin de que se investigue la visita del candidato presidencial Abelardo De la Espriella al Conservatorio del Tolima, en un episodio que ha suscitado controversia pública por el posible uso de un escenario cultural para actividades que podrían interpretarse como proselitistas en medio de un contexto preelectoral particularmente sensible en la ciudad de Ibagué y en el departamento.
De acuerdo con el coordinador departamental de la MOE, Cristian Martínez, la decisión de acudir al Ministerio Público se tomó tras analizar información difundida en medios de comunicación y redes sociales, donde se observan registros de la presencia del aspirante presidencial en el Salón Alberto Castilla, un espacio emblemático para la cultura musical de la región, lo que llevó a la organización a solicitar claridad institucional.
La MOE explicó que su solicitud no constituye un juicio anticipado, sino un llamado a que se determine si existió vulneración de las normas que prohíben la participación en política de funcionarios públicos o el uso indebido de bienes estatales, reiterando que su función principal es velar por la transparencia electoral y la equidad en la contienda democrática en cada uno de los territorios del país.
Según lo conocido, la visita habría contado con la autorización del rector del Conservatorio, James Enrique Fernández Córdoba, situación que abrió el debate sobre si el ingreso del candidato y el eventual uso de elementos institucionales pudieron dar lugar a interpretaciones relacionadas con apoyo o favorecimiento, especialmente cuando el aspirante adelantaba agenda política en la capital tolimense.
El rector defendió su actuación y sostuvo en declaraciones públicas que la actividad tuvo un carácter institucional y cultural, asegurando que no se realizaron discursos de campaña ni actos proselitistas dentro del recinto, además de señalar que la institución mantiene sus puertas abiertas a distintos sectores sociales y políticos cuando se trata de mostrar el patrimonio cultural de Ibagué.
No obstante, sectores ciudadanos y miembros de la comunidad artística manifestaron inquietudes frente a la situación, argumentando que el acceso a los espacios culturales suele estar sujeto a trámites rigurosos para músicos y colectivos locales, lo que generó cuestionamientos sobre la oportunidad y las condiciones en que se habría autorizado la visita del candidato presidencial.
Expertos en derecho disciplinario han señalado que corresponderá a la Procuraduría establecer si existió o no una falta, para lo cual deberá revisar las autorizaciones formales, el propósito de la actividad y el contexto en el que se desarrolló, teniendo en cuenta que la normatividad colombiana fija límites claros para evitar cualquier forma de proselitismo en entidades públicas durante periodos electorales.
Mientras se define si se abre investigación formal, el caso ha reavivado la discusión sobre la necesaria separación entre cultura e intereses políticos, dejando en evidencia la importancia de la prudencia institucional en tiempos de campaña y recordando que la confianza ciudadana en las entidades públicas depende de la transparencia, la imparcialidad y el respeto estricto por las reglas del juego democrático.
