El auge de la minería ilegal, impulsado por la alta rentabilidad del oro, está reconfigurando las economías ilícitas en el país, con fuerte impacto en el Tolima y un crecimiento alarmante en municipios como Ataco.
La economía ilegal en Colombia atraviesa una mutación estructural que está redefiniendo las fuentes de financiación de los grupos armados. El oro se posiciona como el nuevo eje de rentabilidad criminal, superando ampliamente a la cocaína en valor por kilogramo, lo que ha motivado una migración progresiva hacia la minería ilegal en distintas regiones del país.
El fenómeno fue alertado por el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, quien advirtió sobre la expansión acelerada de esta actividad ilícita y su consolidación como fuente principal de ingresos para estructuras multicrimen.
De acuerdo con las autoridades, el impacto territorial es significativo: 22 departamentos y 293 municipios registran presencia de minería ilegal, con al menos 1.678 puntos activos de extracción. En este contexto, el departamento del Tolima ocupa el séptimo lugar a nivel nacional, evidenciando un crecimiento sostenido que genera preocupación institucional.
Uno de los indicadores más reveladores se presenta en el municipio de Ataco, donde el consumo de ACPM aumentó en un 589% entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026. Este incremento, desproporcionado frente a su población, sugiere el uso intensivo de maquinaria pesada en actividades extractivas ilegales.
Las operaciones de control también reflejan la magnitud del problema. En los últimos siete meses, la Policía Nacional ha ejecutado cinco intervenciones de alto impacto en Ataco, logrando afectar 18 puntos de minería ilegal y destruir 30 retroexcavadoras empleadas en la explotación ilícita de minerales.
Según estimaciones oficiales, estas máquinas tendrían la capacidad de extraer cerca de 1.600 gramos de oro, generando ingresos que superarían los 20 mil millones de pesos mensuales. Esta rentabilidad convierte a la minería ilegal en una actividad altamente atractiva para organizaciones criminales.
El más reciente operativo se desarrolló con la participación de 297 uniformados, quienes intervinieron seis nuevos puntos de extracción ilegal. Durante la acción fueron destruidas 15 máquinas amarillas y seis motores industriales que estaban generando graves afectaciones ambientales sobre el río río Saldaña.
Frente a este panorama, el Gobierno Nacional avanza en estrategias interinstitucionales para contener el fenómeno. Entre las medidas se destacan la regulación en la venta de combustibles, el control al ingreso de maquinaria pesada y la supervisión de las compraventas de oro, en un intento por frenar una economía ilegal que amenaza la seguridad, el medio ambiente y la estabilidad territorial.
