El presidente Gustavo Petro defendió el contrato de $10.000 millones firmado por la Presidencia para contratar abogados en Estados Unidos, destinado a su defensa y la de la primera dama ante la inclusión en la Lista Clinton (OFAC). El mandatario culpó directamente a sectores opositores por visitas a Washington y Miami que, según él, buscaban medidas extremas como invasiones, extracciones y cárceles, calificándolos de «apátridas». El gasto ha generado fuerte rechazo y una indagación de la Procuraduría.
El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas por el contrato millonario suscrito por la Presidencia de la República con una firma de abogados estadounidense. El acuerdo, por cerca de $10.000 millones de pesos (equivalentes a unos 2,6 millones de dólares), busca brindar asesoría jurídica especializada para enfrentar las sanciones financieras impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como Lista Clinton. El mandatario reconoció el gasto en medio de cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos para asuntos que muchos consideran personales.
La controversia estalló tras publicaciones de periodistas y opositores que calificaron el contrato como abusivo y corrupto. En particular, la periodista Salud Hernández-Mora señaló que el Gobierno parecía tratar al Estado como su «banco personal», al destinar una suma elevada en solo cuatro meses para la defensa del presidente y su esposa, Verónica Alcocer. Estas denuncias llevaron a que la Procuraduría General de la Nación abriera una indagación previa contra el Departamento Administrativo de la Presidencia.
En su defensa, Petro recurrió a su cuenta en X para responsabilizar a la oposición por el origen de la situación. Argumentó que las visitas de políticos opositores a Washington y Miami generaron presiones internacionales que culminaron en su inclusión en la lista de sanciones. Según el jefe de Estado, esos viajes buscaban no solo críticas políticas, sino medidas drásticas contra su Gobierno y su familia.
El presidente fue más allá en sus declaraciones y acusó a esos sectores de promover escenarios extremos. Textualmente escribió: «Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas». Con esta frase, Petro sugirió que la oposición habría impulsado incluso intervenciones militares o procesos de extradición forzada, lo que habría obligado al Estado a incurrir en el costoso contrato de defensa legal.
La respuesta presidencial generó una ola inmediata de rechazos desde diversos sectores. Voceros de la oposición, como la senadora María Fernanda Cabal y el exministro Wilson Ruiz, exigieron que Petro devuelva el dinero de su bolsillo, argumentando que los colombianos no deben financiar defensas privadas con impuestos. Ruiz destacó las carencias sociales del país para contrastar con este gasto.
Organismos de control y analistas han cuestionado la legalidad y conveniencia del contrato. Se debate si los recursos públicos pueden destinarse a la protección jurídica de funcionarios en casos derivados de decisiones personales o políticas, en lugar de priorizar áreas como salud, educación o seguridad. La Procuraduría analiza si hubo irregularidades en la contratación directa y en la fuente de financiación.
El caso se enmarca en las tensiones diplomáticas recientes entre Colombia y Estados Unidos, aunque el Gobierno ha buscado distensionarlas con contactos de alto nivel. Petro ha insistido en que la inclusión en la Lista Clinton responde a campañas de descrédito orquestadas desde la oposición, más que a acciones concretas de su administración.Mientras la indagación avanza, el debate político se intensifica en redes y medios. Para algunos, el gasto representa una defensa legítima del Estado ante presiones externas; para otros, evidencia un uso indebido de fondos públicos en beneficio personal del mandatario y su entorno familiar.
