Tras la suspensión provisional del incremento del 23,7 % para 2026 por parte del Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro anunció que expedirá un nuevo decreto, pedirá aclaraciones al alto tribunal y llamó a movilizaciones ciudadanas en defensa del “salario vital”.
El presidente Gustavo Petro se pronunció este domingo 15 de febrero luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto que fijaba un aumento del 23,7 % en el salario mínimo para 2026. En una alocución, el mandatario aseguró que expedirá una nueva norma transitoria mientras se resuelve de fondo la decisión judicial.
Aunque manifestó no compartir la determinación del alto tribunal, Petro afirmó que respeta el fallo y actuará dentro del marco constitucional. No obstante, insistió en que el nuevo decreto mantendrá el principio del “salario vital” como eje central de la política salarial del Gobierno.
El jefe de Estado defendió la legalidad y la conveniencia económica del incremento, señalando que no ha generado presiones inflacionarias ni un aumento en el desempleo. Además, invitó a empresarios y trabajadores a avanzar en un proceso de concertación que permita alcanzar acuerdos sostenibles.
En su intervención, anunció que solicitará aclaraciones al Consejo de Estado sobre los fundamentos de la suspensión. Según explicó, el alto tribunal argumentó que el decreto debía ajustar su motivación a los criterios establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-815 de 1999.
Petro sostuvo que en el auto judicial se omitió un elemento clave: el carácter prevalente de la protección constitucional al trabajo. Citando los artículos 25 y 53 de la Constitución, afirmó que el aumento salarial debe reflejar la especial protección al trabajador y garantizar una remuneración mínima vital y móvil.
A su juicio, esa prevalencia constitucional implica que el salario mínimo debe actualizarse incluso cuando no exista consenso en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. En ese sentido, defendió la facultad del Ejecutivo para fijar el incremento cuando no hay acuerdo tripartito.
El mandatario aseguró que el nuevo decreto incorporará fundamentos constitucionales y estudios técnicos actualizados, con el fin de responder a los reparos del alto tribunal. Mientras se produce un fallo definitivo, el Gobierno buscará mantener la vigencia del aumento bajo criterios jurídicos más sólidos.
Finalmente, Petro convocó a movilizaciones el próximo 19 de febrero para respaldar la política salarial y defender lo que calificó como un derecho fundamental de los trabajadores. La decisión abre un nuevo capítulo en el debate entre el Ejecutivo y la rama judicial en torno al alcance de las competencias sobre el salario mínimo.
