El presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda advirtieron sobre una campaña de cabildeo en Washington, supuestamente promovida por sectores del uribismo, para influir en la justicia colombiana tras la condena al expresidente Álvaro Uribe.
En medio de la controversia por la reciente condena al expresidente Álvaro Uribe, el presidente Gustavo Petro denunció públicamente que sectores de la derecha colombiana estarían impulsando un cabildeo ante el gobierno de Estados Unidos para presionar a la justicia colombiana, en particular a la jueza Sandra Heredia, quien impuso la pena de 12 años de prisión domiciliaria.
“Quienes van a EE. UU. a hablar con la extrema derecha para que desde allá se presione a la justicia colombiana, son apátridas”, expresó Petro a través de su cuenta en X (antes Twitter), sin mencionar directamente a los responsables. El mandatario respaldó así la denuncia realizada horas antes por el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, víctima acreditada en el proceso contra Uribe.
Cepeda afirmó que se está llevando a cabo una “acción de incidencia” en Washington, presuntamente coordinada por el Centro Democrático, el partido liderado por Uribe. En declaraciones a Blu Radio, señaló que dicha operación incluiría incluso al propio expresidente, aunque evitó confirmar su participación directa.
Uno de los nombres mencionados por Cepeda fue el del abogado Víctor Mosquera, conocido por su cercanía a causas uribistas y su participación en escenarios internacionales en defensa del expresidente. Según el senador, Mosquera estaría liderando parte de ese cabildeo desde Estados Unidos.
Las denuncias coinciden con recientes pronunciamientos desde Washington. El senador republicano Marco Rubio, así como los congresistas María Elvira Salazar y Carlos Giménez, todos del estado de Florida —donde el uribismo tiene fuerte influencia en la comunidad colombiana—, criticaron abiertamente la sentencia emitida por la jueza Heredia.
Estas intervenciones han generado preocupación en sectores del oficialismo que ven en ellas una injerencia directa en asuntos internos del país. Para Cepeda, el lobby internacional no solo atenta contra la independencia judicial, sino que representa una forma de presión política transnacional.
Hasta el momento, ni el Centro Democrático ni Álvaro Uribe se han pronunciado sobre las acusaciones. Sin embargo, en círculos políticos y jurídicos se anticipa una nueva ola de debates sobre la autonomía de la justicia y la legitimidad de la presión internacional en decisiones judiciales.
La controversia aumenta la tensión entre el Gobierno Petro y sectores conservadores, en un momento donde las relaciones internacionales del país también están bajo la lupa. El caso Uribe se convierte así no solo en un juicio judicial, sino también en un escenario de disputa diplomática y mediática.
