A pesar de la orden judicial que le prohíbe hacer comentarios difamatorios, el presidente Gustavo Petro continuó sus críticas contra Keralty Sanitas EPS durante un discurso en Ibagué, lo que ha generado controversia sobre su comportamiento frente a la empresa de salud.
El 3 de octubre, durante su intervención en la movilización por la Dignidad y la Democracia en Ibagué, el presidente Gustavo Petro volvió a arremeter contra Keralty Sanitas EPS, a pesar de una reciente orden emitida por el Consejo de Estado. El fallo, dado el 29 de septiembre, le había solicitado que se abstuviera de hacer declaraciones que pudieran dañar la honra de la compañía, especialmente de su presidente, Joseba Grajales, a quien el mandatario había llamado “criminal”.
En su discurso, Petro expresó su indignación por la asignación de recursos públicos a la empresa, criticando que 60 millones de pesos destinados al bienestar de los colombianos fuesen entregados a los dueños de Keralty. «¿Cómo se le ocurre que le den 60 millones de millones de pesos del pueblo colombiano al señor dueño de Keralty?», afirmó. También incluyó a los dueños de Nueva EPS, acusándolos de “parrandearse” el dinero destinado a la salud en Colombia.
Estas declaraciones ocurren en medio de la controversia generada por la tutela interpuesta a raíz de un pronunciamiento de Petro el pasado 15 de julio, donde volvió a calificar al presidente de Keralty como “criminal” y cuestionó sus presuntos vínculos con financiaciones extranjeras para campañas políticas.
El Consejo de Estado falló a favor de Keralty Sanitas EPS, declarando que las afirmaciones de Petro carecían de fundamento y vulneraban los derechos fundamentales de la empresa y sus empleados. El tribunal le ordenó al presidente que no repitiera tales declaraciones.
En su respuesta al fallo, Keralty emitió un comunicado en el que destacó la integridad y esfuerzo de sus colaboradores, quienes, a pesar del ambiente adverso generado por los comentarios presidenciales, han continuado trabajando con convicción.
La postura del presidente Petro, de desafiar un fallo judicial, ha encendido el debate sobre la responsabilidad de los mandatarios en el manejo de los comentarios públicos y su impacto en las instituciones privadas. La tensión entre la Presidencia y la empresa de salud continúa alimentando la polarización en torno al tema de la gestión de la salud en Colombia.
Por su parte, la defensa de la honra de Keralty sigue siendo un tema central, ya que la empresa ha abogado constantemente por el respeto a sus derechos fundamentales y el de sus colaboradores. La situación aún está lejos de resolverse y plantea interrogantes sobre la relación entre el sector público y privado en Colombia.
