El presidente Gustavo Petro instruyó a la Fuerza Pública a atacar al ELN, luego de que la guerrilla impusiera un paro armado que afectó la movilidad y generó temor en varias regiones del país. El mandatario advirtió que el Estado no permitirá que grupos ilegales intimiden a la población civil.
Bogotá, 15 de diciembre de 2025. El presidente Gustavo Petro ordenó a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional atacar al Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras el anuncio de un paro armado que paralizó actividades en diferentes regiones del país. Las amenazas contra la población civil, el confinamiento forzado y las restricciones a la movilidad encendieron las alarmas del Gobierno Nacional.
La instrucción presidencial busca garantizar el orden público, la seguridad de los ciudadanos y la libre circulación en zonas afectadas por el accionar del grupo subversivo. Petro calificó los actos del ELN como una afrenta directa contra el Estado colombiano y contra la tranquilidad del pueblo en plena temporada decembrina, donde miles de familias se preparan para las festividades.
“La orden es clara: atacar y defender al pueblo colombiano”, manifestó el jefe de Estado, enfatizando que no permitirá que estructuras ilegales continúen amenazando o imponiendo su dominio sobre comunidades rurales y urbanas. El mandatario reiteró que el uso de la fuerza pública se enmarca dentro de la legalidad y tiene como fin proteger la vida y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Desde el Ministerio de Defensa se aclaró que la medida no implica una acción bélica indiscriminada, sino una respuesta legítima frente a los ataques armados que han perturbado la estabilidad social, económica y de seguridad en distintas regiones del país. Las autoridades militares fueron instruidas para coordinar operativos precisos y evitar daños colaterales en las zonas intervenidas.
El paro armado, decretado por el ELN, provocó el cierre temporal de vías, suspensión de actividades comerciales y temor entre los habitantes de municipios del oriente, nororiente y sur del país. Transportadores, campesinos y comerciantes denunciaron intimidaciones directas, panfletos y restricciones impuestas por el grupo insurgente.
Este nuevo episodio eleva la tensión en las ya frágiles relaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN, luego de que los diálogos de paz fueran suspendidos por los incumplimientos y ataques reiterados de esa organización. Analistas advierten que la decisión de Petro podría redefinir la política de seguridad y paz total que promueve su administración.
El Gobierno insistió en que la prioridad sigue siendo proteger a la población civil, garantizar la libre movilidad y preservar la institucionalidad. En ese sentido, se reforzarán las operaciones militares y el despliegue de tropas en corredores estratégicos donde se ha reportado presencia del grupo armado.
Finalmente, la Presidencia reafirmó que no habrá espacio para intimidaciones que pretendan someter a las comunidades mediante el miedo o la violencia. “El Estado colombiano actuará con firmeza para hacer respetar la ley y defender a su gente”, concluyó Petro.
