El presidente Gustavo Petro respaldó un decreto para suprimir la prima de servicios que reciben senadores y representantes, un beneficio cercano a los 15 millones de pesos mensuales, como parte de una política de austeridad y ajuste fiscal.
El presidente Gustavo Petro volvió a encender el debate sobre los privilegios del Congreso al apoyar la eliminación de la prima de servicios que reciben senadores y representantes. Este beneficio adicional, que ronda los 15 millones de pesos mensuales, ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de la ciudadanía.
Según el Gobierno Nacional, dicha prima no cuenta con sustento constitucional ni legal, pues fue creada mediante un decreto expedido en 2013. En ese sentido, la iniciativa presidencial busca derogar este pago extra y avanzar en una política de reducción del gasto público.
La propuesta se enmarca en el complejo panorama fiscal que enfrenta el país, donde el Ejecutivo ha insistido en la necesidad de adoptar medidas de austeridad. Para el Gobierno, la eliminación de este beneficio es coherente con el discurso de equidad y responsabilidad en el manejo de los recursos del Estado.
De acuerdo con el borrador del decreto, la medida no afectaría a los congresistas que actualmente ocupan sus curules. La eliminación de la prima aplicaría únicamente para quienes resulten elegidos y se posesionen a partir del 20 de julio de 2026.
Con esta modificación, el ingreso mensual de los futuros legisladores se reduciría de manera considerable, aunque seguiría ubicándose entre los salarios más altos del sector público colombiano. El Gobierno considera que el ajuste es un paso simbólico pero necesario.
Petro ha reiterado que los altos sueldos y beneficios del Congreso contrastan con la realidad económica de millones de colombianos. En su visión, recortar estos privilegios envía un mensaje político de coherencia en un país marcado por la desigualdad.
La iniciativa ha generado reacciones divididas en el Legislativo. Algunos congresistas han expresado su respaldo, calificándola como una señal de responsabilidad fiscal frente a la ciudadanía. Otros, en cambio, la consideran una medida más simbólica que estructural.
El debate vuelve a poner sobre la mesa el costo del poder político en Colombia y anticipa un nuevo pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras tanto, la propuesta sigue alimentando la discusión pública sobre salarios, privilegios y reformas al Estado.
