El presidente Gustavo Petro firmó en Popayán la ley que modifica la Ley 30 de 1992 y cambia el modelo de financiamiento de la educación superior pública, vinculando los recursos al Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) y proyectando una inversión equivalente al 1 % del PIB.
En un acto oficial realizado en Popayán, el mandatario Gustavo Petro promulgó la reforma financiera a la Ley 30 de 1992, una medida que redefine de manera estructural la forma en que se financian las universidades públicas del país. El anuncio fue presentado como un hito tras más de tres décadas de reclamos por parte del sector educativo.
Desde 1992, los recursos para las instituciones públicas crecían con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), un indicador que no reflejaba los costos reales de laboratorios, infraestructura, investigación o ampliación de cobertura. Esta fórmula generó un rezago presupuestal frente al aumento sostenido de estudiantes y necesidades académicas.
Con la nueva normativa, el crecimiento de los ingresos estará ligado al Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), parámetro que reconoce los gastos propios del sector. Además, se incorporan recursos adicionales para ampliar cobertura, cerrar brechas regionales y fortalecer la formalización laboral en las instituciones.
La ley también establece que la inversión en educación superior pública aumentará progresivamente hasta alcanzar el 1 % del Producto Interno Bruto. El Gobierno informó que la reforma cuenta con concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que respalda su viabilidad fiscal.
Durante la ceremonia, el presidente destacó que la educación pública es pilar para la construcción de paz y desarrollo. Aseguró que fortalecer las universidades estatales es una apuesta estratégica para consolidar oportunidades y reducir desigualdades históricas.
El ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín, afirmó que la reforma cumple compromisos adquiridos con el movimiento estudiantil y garantiza recursos superiores a los exigidos en años anteriores. Señaló que el objetivo es evitar que jóvenes queden por fuera del sistema por razones económicas.
El Gobierno indicó que entre 2023 y 2025 se han invertido 6,8 billones de pesos en política de gratuidad, ampliando el número de beneficiarios de 690 mil a 930 mil estudiantes. Para 2026, 3,2 billones harán parte de la base presupuestal permanente, consolidando estabilidad financiera.
Con la expedición de la Ley 2568 de 2026, que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30, Colombia adopta un modelo orientado a la sostenibilidad y al fortalecimiento de la oferta pública. El Gobierno sostiene que este cambio marca un antes y un después en la historia de la educación superior del país.
