Tras finalizar de forma anticipada el contrato de la concesión Ruta Caribe, el Gobierno Nacional eliminó las casetas en Bolívar y Atlántico, anunciando que Risaralda, Quindío y Caldas serían los próximos beneficiados con esta política.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha marcado un hito en la movilidad del país al confirmar la eliminación de siete peajes en el corredor Ruta Caribe. Esta decisión afecta directamente la conectividad entre los departamentos de Bolívar y Atlántico, eliminando barreras económicas que llevaban años generando malestar social. El mandatario explicó que la medida fue posible gracias a la terminación anticipada del contrato con la concesionaria, el cual pretendía extenderse por más de tres décadas. Con esta acción, el Ejecutivo busca responder a las demandas históricas de las comunidades costeras que denunciaban una asfixia financiera.
La supresión de estas casetas de cobro tiene como objetivo principal dinamizar la economía regional y aliviar el costo del transporte para los usuarios frecuentes de la vía. Según el mandatario, la eliminación de estos peajes permitirá que los transportadores y productores locales reduzcan sus costos operativos de manera inmediata. Esta política de «vías libres» se presenta como una estrategia para reactivar el comercio interno y facilitar el tránsito de productos agrícolas hacia los puertos. El Gobierno enfatizó que los reclamos de veedores ciudadanos y gremios de transportadores fueron determinantes para tomar este rumbo administrativo.
De manera simultánea, el presidente Petro anunció que esta ambiciosa política se trasladará próximamente al Eje Cafetero, afectando a los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas. Esta noticia ha generado una alta expectativa en el corazón del país, especialmente en los sectores vinculados al turismo y la producción cafetera. Se proyecta que la eliminación de peajes en esta zona estratégica contribuya a reducir el precio final de los alimentos y fortalezca la competitividad nacional. La medida busca equilibrar el desarrollo regional mediante la eliminación de costos de transacción que frenan el crecimiento de las medianas empresas.
En la región cafetera, las solicitudes ciudadanas se centran en la eliminación de puntos críticos como los peajes de Pavas, San Bernardo y Santágueda. Los habitantes y comerciantes de estos sectores argumentan que dichas casetas funcionan como un obstáculo para el desarrollo turístico, impidiendo el flujo natural de visitantes. El impacto de una medida similar en esta zona podría transformar la logística de distribución de café y otros bienes esenciales hacia el centro del país. El Gobierno estudia actualmente los términos legales para replicar el modelo de terminación de contratos aplicado con éxito en la costa norte.
Por otro lado, la situación para los viajeros provenientes del Tolima sigue siendo una incógnita dentro de este nuevo panorama de movilidad. Actualmente, un conductor que se desplaza desde Ibagué hacia Armenia, Pereira o Manizales debe enfrentar entre dos y cinco peajes dependiendo de la ruta seleccionada. Aunque el Tolima limita directamente con el Eje Cafetero, el Gobierno Nacional aún no ha confirmado si las casetas de este departamento entrarán en el plan. La incertidumbre persiste entre los gremios tolimenses, quienes esperan ser incluidos en los beneficios de reducción de costos viales este año.
El debate sobre la sostenibilidad de esta medida a largo plazo ya se ha tomado la agenda legislativa y técnica del país. Expertos en infraestructura cuestionan cómo se garantizará el mantenimiento de las vías nacionales sin el recaudo directo de los peajes eliminados. Ante esto, el Gobierno ha señalado que se buscarán fuentes de financiación alternativas que no graven directamente el bolsillo de los conductores de carga y pasajeros. Mientras se definen los detalles para el Eje Cafetero, el país observa con atención este cambio de modelo en la gestión de las autopistas nacionales.
