El Ministerio Público pidió al Tribunal Administrativo del Tolima retirar del cargo al concejal Julio César Leytón Capera, al considerar que habría incurrido en un presunto conflicto de intereses durante la elección de la secretaria del Concejo Municipal de Ortega.
La Procuraduría General de la Nación solicitó formalmente al Tribunal Administrativo del Tolima que decrete la pérdida de investidura del concejal de Ortega, Julio César Leytón Capera. La petición se fundamenta en un presunto conflicto de intereses en el que habría incurrido el cabildante durante una decisión adoptada al interior del Concejo Municipal.
De acuerdo con el concepto emitido por la Procuraduría 163 Judicial Segunda Administrativa, el concejal habría participado en la elección de la secretaria del Concejo, pese a que la funcionaria designada, María del Rosario Lozano, integró la misma lista electoral con la que Leytón Capera se inscribió ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.
La acción judicial fue promovida por el veedor ciudadano Gustavo Collazos, presidente de la veeduría Tolima Despierta, quien explicó que, según el análisis del Ministerio Público, las pretensiones de la demanda están llamadas a prosperar. El veedor sostiene que la actuación del concejal vulnera las normas que regulan el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
Según la denuncia, aunque Lozano no resultó elegida concejal, su posterior designación como secretaria del Concejo contó con el respaldo de los miembros del mismo grupo político que sí obtuvieron curul. Este hecho, a juicio del demandante, configura un beneficio directo a una excompañera de lista.
Collazos señaló que la ley prohíbe expresamente a concejales, diputados y congresistas participar en decisiones que favorezcan a personas con las que compartieron lista electoral, salvo que se declare impedimento, situación que, según indicó, no se presentó en este caso.
La veeduría interpuso acciones similares contra otros dos concejales de Ortega pertenecientes al mismo movimiento político. De acuerdo con lo informado, uno de esos procesos ya habría concluido con la pérdida de investidura de un cabildante, lo que refuerza la expectativa de un fallo adverso en este nuevo caso.
Asimismo, se conoció que procesos de características similares avanzan en el municipio de El Espinal, lo que podría dejar hasta seis concejales del Tolima en riesgo de perder su curul por presuntas irregularidades en decisiones administrativas.
Finalmente, el veedor Gustavo Collazos hizo un llamado a los miembros de las corporaciones públicas para que revisen con rigor la Constitución y la normatividad vigente antes de adoptar decisiones, y exhortó a la ciudadanía a fortalecer las veedurías ciudadanas como mecanismo de control social y vigilancia de la gestión pública.
