Una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación señala a Hanson Reina, subcomandante del cuerpo de agentes de tránsito de Ibagué, por presuntos actos de acoso laboral, malos tratos y violación de derechos humanos hacia su personal subalterno. La solicitud incluye una medida de suspensión provisional mientras avanza la investigación.
Una grave denuncia fue presentada ante la Procuraduría General de la Nación contra Hanson Reina, subcomandante del cuerpo de agentes de tránsito adscrito a la Secretaría de Movilidad de Ibagué, por presuntos actos de maltrato laboral, violencia psicológica y violación de derechos humanos hacia el personal a su cargo.
El documento, radicado el pasado 6 de octubre, fue interpuesto por Armando Escobar Potes, quien solicita la suspensión provisional del cargo y la aplicación del poder disciplinario preferente, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes. La queja asegura que el funcionario habría incurrido “recurrentemente en malos tratos hacia su personal subalterno”, afectando la convivencia y el ambiente laboral.
Según el texto dirigido al órgano de control, Reina “al parecer estaría afectando el deber funcional sin justificación alguna, desplegando presunta violencia psicológica y maltrato verbal de manera reiterada contra algunos de sus subalternos”. Estas conductas, señala el quejoso, vulnerarían derechos fundamentales y obstaculizarían el adecuado cumplimiento de las funciones del cuerpo operativo de tránsito.
El escrito también plantea que tales hechos podrían constituir acoso laboral, de acuerdo con los presupuestos establecidos en la Ley 1010 de 2006, y advierte sobre posibles omisiones institucionales en la atención de las denuncias. Entre las entidades mencionadas están la Procuraduría Provincial de Ibagué, la Personería Municipal, la Oficina de Control Interno Disciplinario, el Comité de Convivencia Laboral y la propia Secretaría de Movilidad.
De acuerdo con Escobar Potes, varias quejas previas habrían sido presentadas por funcionarios afectados, sin que hasta el momento se registren sanciones ni medidas efectivas. “Las autoridades competentes habrían omitido, entrabado o negado actuaciones propias de sus funciones”, se lee en el documento, que cita el artículo 39 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario).
La solicitud, radicada en Bogotá, pide expresamente que la Procuraduría valore la procedencia de la suspensión provisional del funcionario, con el fin de evitar posibles represalias o interferencias durante el desarrollo de la investigación.
Hasta el momento, ni la Secretaría de Movilidad de Ibagué ni el funcionario mencionado se han pronunciado oficialmente frente a la denuncia. Sin embargo, fuentes cercanas al organismo indicaron que el caso podría ser asumido directamente por la Procuraduría Delegada para la Función Pública, dada la gravedad de los señalamientos.
La comunidad de agentes de tránsito espera una respuesta pronta de las autoridades disciplinarias, mientras que la denuncia ha reavivado el debate sobre la protección de los derechos laborales y la prevención del acoso en las instituciones públicas del municipio.
