El Ministerio Público abrió una investigación previa para esclarecer las presuntas irregularidades en la suspensión del Programa de Alimentación Escolar en agosto, que dejó sin ración a más de 77.000 estudiantes durante diez días en Tolima.
La Procuraduría General de la Nación anunció este domingo que abrió indagación previa contra funcionarios identificados de la Gobernación del Tolima, tras denuncias sobre la suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante diez días en agosto. Cerca de 77.000 estudiantes se vieron afectados al no recibir sus raciones alimenticias durante ese periodo.
El ente de control explicó que la investigación se centrará en determinar responsabilidades en la interrupción del servicio, incluyendo posibles deficiencias en la planeación, altos costos por ración, disminución de aportes propios del departamento, y otras prácticas administrativas cuestionadas que habrían impactado la continuidad del programa.
Uno de los puntos en examen será el valor de la ración para los estudiantes en Tolima, que según las denuncias locales es de $8.300, cifra bastante superior al promedio nacional, lo que podría indicar discrepancias o sobrecostos en la contratación o ejecución del PAE en el departamento.
También se investigará la planificación y el financiamiento del programa entre los años 2022 y 2025, para determinar si hubo errores en la estimación del número de beneficiarios o en los recursos necesarios, así como fallas en la gestión financiera que impidieron cumplir con los tiempos de entrega.
El PAE en Tolima ha recibido transferencias del Gobierno Nacional que superan los $60 mil millones en lo que va del año, lo que representa un incremento superior al 67 % frente a periodos anteriores. Pese a eso, la Gobernación habría expresado que los recursos no serían suficientes para mantener el servicio durante todo el calendario escolar.
Hasta el cierre de esta nota, la versión oficial de la Gobernación del Tolima aún no ha sido lograda. Voceros departamentales no respondieron a los requerimientos de los medios para ofrecer explicaciones completas sobre por qué se suspendió el programa alimentario y qué medidas se tomarían para compensar el periodo de interrupción.
El inicio de esta investigación se produce en un momento en que la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de los programas sociales, así como acciones concretas que garanticen derechos alimentarios y educativos básicos. Analistas advierten que si no se determinan responsabilidades y se corrige la falla, la legitimidad institucional podría verse comprometida.
Este caso también alimenta el debate sobre la sostenibilidad del PAE en Tolima, la necesidad de supervisión constante, mejora en los esquemas de planeación y la evaluación de costos efectivos por ración, para evitar que futuros fallos generen perjuicios a miles de estudiantes.
