El Ministerio Público evidenció atrasos, presuntas irregularidades contractuales y posibles afectaciones ambientales en las obras del Parque Centenario, cuyo avance no supera el 48 % pese a que el plazo inicial del contrato ya venció.
La Procuraduría General de la Nación advirtió serias alertas frente a la ejecución del contrato de adecuación del Parque Centenario de Ibagué, tras constatar que la obra presenta un avance del 48,89 %, a pesar de que el plazo contractual venció el pasado 10 de diciembre del presente año.
De acuerdo con el ente de control, esta situación obligó a la ampliación del contrato por un periodo adicional de cuatro meses, lo que genera preocupación entre la ciudadanía y los organismos de vigilancia por el ritmo de ejecución y el cumplimiento de los compromisos inicialmente pactados.
Durante una visita técnica y una mesa de trabajo en la que participaron veedurías ciudadanas, colectivos sociales y miembros de la comunidad, la Procuraduría identificó presuntas irregularidades en el proceso, entre ellas la ausencia de soportes y publicaciones en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP II.
Asimismo, se evidenciaron posibles incumplimientos en el pago de salarios a trabajadores vinculados al Consorcio Centenario 2025, así como la reducción de las jornadas laborales que, según lo establecido, debían desarrollarse durante 24 horas continuas para agilizar la ejecución del proyecto.
El Ministerio Público también alertó sobre la presencia de escombros y materiales de construcción dentro del área intervenida, los cuales podrían generar un impacto ambiental negativo sobre el ecosistema del parque. Estas observaciones fueron trasladadas a la Secretaría de Infraestructura para su respectiva evaluación y actuación.
Otro de los puntos críticos señalados durante la diligencia fue la seguridad en la zona de obras, donde se advirtieron posibles riesgos tanto para los trabajadores como para la ciudadanía que transita por el sector.
Ante este panorama, la Procuraduría exhortó al comandante de la Policía de Ibagué y al secretario de Gobierno municipal a implementar acciones concretas, dentro del marco de sus competencias, que permitan garantizar la seguridad y la integridad de los habitantes.
Finalmente, el ente de control precisó que esta actuación preventiva y de control de gestión se desarrolla con pleno respeto por la autonomía administrativa de las autoridades territoriales, quienes deberán informar y documentar de manera oportuna las acciones emprendidas para corregir las situaciones advertidas.
